Resumen
Transcurridos casi tres meses desde el inicio de la guerra sin cuartel de Israel en Gaza, con un balance que ascendía entonces a 100.000 palestinos muertos, heridos o desaparecidos, el 29 de diciembre de 2023 la República de Sudáfrica inició un proceso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sudáfrica ha acusado a Israel de violar sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención sobre el Genocidio) sobre la base de los Artículos 36/1 y 41 del Estatuto de la CIJ, creado en 1945[1]. La demanda presentada por Sudáfrica incluye también una petición de medidas provisionales de protección (como procedimiento subsidiario urgente), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 del citado Estatuto[2]. Como consecuencia de lo anterior, el 3 de enero de 2024 la Corte anunció la celebración de dos audiencias los días 11 y 12 de enero de 2024 para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa[3]. El 12 de enero de 2024, la Corte anunció el cierre de las audiencias y notificó que su fallo sería publicado en una fecha ulterior[4].
El caso de Sudáfrica ante la CIJ
La demanda interpuesta por Sudáfrica se sustenta en 84 páginas que documentan las pruebas recabadas en los informes internacionales, incluidos los elaborados por los relatores especiales de las Naciones Unidas o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, el equipo legal recopiló pruebas documentadas por la prensa y profesionales de los medios de comunicación desplazados sobre el terreno en Gaza así como numerosas fuentes creíbles de distinta naturaleza.
Los argumentos más destacados esgrimidos por la parte demandante apuntan a actos físicos constitutivos de un delito de genocidio a tenor del Artículo II de la Convención sobre el Genocidio[5], apoyándose en pruebas procedentes de múltiples fuentes[6]. Con arreglo a lo dispuesto en el citado Artículo II, el acto de genocidio está dirigido contra un grupo, ya sea nacional, étnico o religioso, siendo el grupo en el caso que nos ocupa los palestinos de la Franja de Gaza, al tratarse del colectivo contra el que se cometen los delitos con la intención de destruirlo en Gaza. El caso sudafricano demuestra que Israel ha cometido los cuatro primeros tipos de delitos consagrados en el Artículo II de la Convención contra la población civil gazatí durante el transcurso de su incursión en Gaza[7].
El escrito de demanda presentado por el equipo sudafricano procede a detallar "Expresiones de intención genocida contra el pueblo palestino por parte de oficiales y demás autoridades del Estado de Israel"[8]. Asimismo, se remite a pruebas de la intención genocida al enumerar informes y declaraciones de una serie de organismos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales que advierten de la intención israelí de cometer un genocidio contra los palestinos[9].
Las organizaciones de Derechos Humanos han creado una base de datos que alimentan de forma continuada en la que registran declaraciones que incitan al genocidio contra el pueblo palestino. Dicha base de datos contiene más de 500 declaraciones por parte de políticos, personal del ejército y oficiales, legisladores, periodistas, líderes de opinión y ex altos cargos del Gobierno de Israel[10]. Estas declaraciones ayudan a demostrar la intención delictiva o criminal, que es por lo general el elemento más difícil de establecer a la hora de sustentar un caso de genocidio.
La demanda sudafricana sostiene que las autoridades de ocupación israelíes han infringido sus obligaciones en virtud de los Artículos I, III, IV, V y VI de la Convención sobre el Genocidio[11], que estipulan en su conjunto la obligación de prevenir la conspiración, incitación y la complicidad y de sancionar actos de genocidio a tenor del Artículo II[12]. Sudáfrica persigue un fallo judicial que condene a Israel por violar sus obligaciones en el marco del acuerdo[13]. Asimismo, incluye una Petición para la Indicación de Medidas Provisionales "con respecto al pueblo palestino como grupo amparado por la Convención sobre el Genocidio", además de la suspensión de la incursión militar israelí en Gaza[14]. La demanda hace hincapié en la "grave amenaza" a la existencia de los palestinos en Gaza, que se encuentran en una situación de "necesidad imperiosa de protección por parte de la Corte", y apunta a que "día tras día […] continúan los ataques militares israelíes, con la consiguiente pérdida material y humana así como graves violaciones de los derechos humanos. En vista de lo anterior, no cabe la menor duda de que se cumplen los requisitos para dictaminar medidas provisionales"[15].
La petición sudafricana persigue dos objetivos. El primero es un fallo judicial que establezca que Israel ha violado sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, un proceso que podría prolongarse durante años, como ocurrió en el caso de Bosnia, que arrancó en 1993 y tocó a su fin con un fallo condenatorio en 2007[16]. El segundo es un dictamen urgente a favor de medidas provisionales de protección para detener la incursión militar y los actos de genocidio en Gaza, que perfilará la posición de la Corte y determinará su curso de acción con respecto a la primera acusación, véase, la comisión de un delito de genocidio contra el pueblo palestino.
La defensa israelí ante la CIJ
La defensa israelí comenzó su réplica invocando el Holocausto y el genocidio de los judíos en Europa durante la II Guerra Mundial y bajo el régimen nazi[17]. Defendió que su guerra en Gaza era un ejercicio de defensa propia frente a los ataques lanzados por Hamás, alegando que sus acciones militares han sido emprendidas en el marco del Derecho Humanitario Internacional y justificando el gran número de bajas civiles al esgrimir que Hamás "infiltró sus operaciones militares además de a sus militantes y activos por toda la Franja en y bajo zonas civiles densamente pobladas"[18].
La bancada israelí también argumentó que la Corte carece de competencia para dirimir el caso con arreglo al Artículo IX de la Convención, que estipula que "las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el Artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia"[19]. Israel considera que solo puede existir un caso entre dos partes de una controversia ante una corte si una de las partes resulta perjudicada por una práctica en su contra por la otra parte, solicitando así una indemnización por los daños y perjuicios causados. Además, considera que el discurso citado por Sudáfrica no está dirigido en su contra.
Malcolm Shaw, miembro de la bancada israelí, trató de negar la condición de Israel de autoridad ocupante al apuntar que Israel tiene derecho a Palestina, invocando a tal efecto la Declaración de Balfour de 1917 y los relatos históricos sobre la llegada de las tribus de los Hijos de Israel a la tierra de Palestina hace 3.500 años. La defensa israelí indicó que las pruebas aportadas no bastan para dictaminar un fallo en materia de medidas provisionales pues constituyen un "instrumento complejo en el que la Corte ha de decidir con arreglo a ciertas hipótesis que pueden o no ser refutadas en una fase posterior del procedimiento"[20]. Citó el caso de Bosnia y Herzegovina ante la CIJ contra Serbia y Montenegro, en el que se concluyó que "las denuncias contra un Estado que impliquen acusaciones de excepcional gravedad han de demostrarse con pruebas que sean plenamente concluyentes"[21].
Respuesta de la Corte
En vista del tiempo que suele tomarse la Corte para adoptar un fallo en materia de medidas provisionales, se plantean dos retos. El primero es la urgencia de la petición formulada por Sudáfrica. El segundo concierne a la composición judicial de la propia Corte, habida cuenta de que la petición le insta a agilizar su decisión de acuerdo con la información aportada y el peligro que entrañaría un genocidio para los civiles, además de la voluntad de preservar las pruebas de genocidio y contribuir a su prevención. En relación con este tipo de petición relativa a la Convención sobre el Genocidio, la Corte ha fallado dos casos en los últimos años. El primero es el caso de Gambia contra Myanmar relativo a crímenes de genocidio contra el pueblo rohingya[22], y el segundo el caso de Ucrania contra Rusia[23]. En el primer caso la Corte necesitó 72 días para emitir una decisión urgente[24], frente a los diecinueve del segundo[25].
A la luz del volumen de pruebas de genocidio presentadas por Sudáfrica en su escrito de demanda contra el Estado de Israel, no es de prever que la Corte dilate en exceso su decisión en materia de medidas provisionales, si bien es cierto que el proceso coincide con la reestructuración de la Corte tras finalizar el mandato de cinco de sus miembros. Los nuevos jueces serán designados el 6 de febrero y se incorporarán entonces al equipo que instruye el caso[26].
Hay quienes son de la opinión de que la Corte emitirá un dictamen urgente sobre medidas provisionales de protección a finales de febrero de 2024, o algo más tarde. En otras palabras, se ha de constituir antes la nueva Corte y ésta ha de disponer de tiempo para leer las alegaciones presentadas, reunirse para deliberar y redactar su fallo, además de realizar las tareas previamente programadas en este órgano judicial. Partimos aquí de la base de que la Corte establece la fecha de las audiencias de la denuncia palestina de las "consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas del Estado de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este" el 19 de febrero de 2024, es decir, con posterioridad a la incorporación de los nuevos jueces a la Corte.[27] Además, el caso de Sudáfrica ante la CIJ no ha suscitado el apoyo de un número suficiente de países. Aunque algunos albergan la esperanza de que se emita un dictamen urgente sobre medidas provisionales con anterioridad al 6 de febrero de 2024, lo cierto es que los dos fallos previos que llevaron a la aprobación de un dictamen urgente de medidas cautelares en Bosnia y Ucrania por crímenes de genocidio no se adoptaron durante el periodo transitorio de nombramiento e investidura de los nuevos jueces[28]. La decisión sobre medidas provisionales tiene un peso significativo en la medida en que determina el curso que seguirá la demanda en su conjunto.
Es poco probable que el tribunal se desvíe de las medidas provisionales adoptadas en los casos de genocidio en Myanmar y Ucrania al dirimir el caso presentado por Sudáfrica. Al incluir la petición de medidas provisionales y no solo defender la comisión del delito de genocidio, el equipo legal sudafricano hizo gala de experiencia y prudencia pues el juicio no ha de demostrar de forma concluyente que los palestinos estén en riesgo de genocidio, ni tampoco que estén siendo sometidos a actos de genocidio o que Israel esté violando sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio. En su lugar, bastaría con que el Estado de Sudáfrica cumpliera con su compromiso de prevenir el genocidio o ejercer su derecho a instar a un Estado miembro (Israel) a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio y a prevenir y sancionar el genocidio y los actos prohibidos asociados contemplados en la susodicha Convención[29].
Por tanto, la petición de Sudáfrica fue redactada con el objetivo claro de demostrar la plausibilidad de que las acciones israelíes pudieran enmarcarse en las disposiciones de la Convención, en lugar de tratar de argüir inequívocamente que se está perpetrando un genocidio. Bastaría pues con que Sudáfrica demostrara que la situación actual tiene el potencial de escalar hasta convertirse en un genocidio, aliviando en última instancia la carga de la prueba[30]. Si la petición se basara únicamente en establecer la comisión del delito de genocidio, sin vincularlo a una solicitud urgente de medidas provisionales, esto podría requerir años de investigación y recopilación de datos, dotando a Israel de mucho tiempo para seguir perpetrando sus crímenes contra civiles palestinos en su guerra en Gaza.
La bancada israelí presentó un escrito débil, con multitud de lagunas, en el que defiende que no está ocupando ni Palestina ni la Franja de Gaza e invoca la Declaración de Balfour de 1917 y el "derecho histórico" de los judíos sobre Palestina. En este contexto, la Corte Internacional de Justicia había emitido previamente una opinión consultiva en 2004 sobre el asunto del muro de separación, en la que dictaminó que Israel es una autoridad de ocupación militar en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este[31]. La reivindicación israelí de que sus operaciones militares se adhieren al Derecho Humanitario Internacional no se sostiene habida cuenta de que el Gobierno de Israel tiene una perspectiva distorsionada del Derecho Humanitario Internacional a través de la cual trata de justificar su conducta criminal, que no puede entenderse fuera del marco de sus políticas colonialistas[32].
Asimismo, el argumento relativo a la necesidad de Sudáfrica de ser parte directa en el conflicto para satisfacer los requisitos de la jurisdicción prima facie no resulta razonable. El caso sudafricano no se basa en la existencia de dos partes en conflicto sino en sus propias obligaciones en tanto que signatario de la Convención sobre el Genocidio. Recordamos que la Corte ha ejercido en el pasado su competencia sobre esta base en un precedente. Se trata del caso de Gambia contra Myanmar respecto del genocidio contra el pueblo rohingya, para el que se celebró una audiencia pese a que no existía un conflicto directo entre Gambia y Myanmar que pudiera considerarse oposición directa entre las partes.
Además, contrariamente a las acusaciones israelíes, las pruebas presentadas ante la Corte son lo suficientemente contundentes para que su órgano pueda emitir una decisión. El equipo legal israelí citó la respuesta del tribunal a la falta de pruebas concluyentes en el caso de Bosnia-Herzegovina de 1992, cuando la documentación no cumplió con el umbral de prueba necesario para que la Corte emitiera una condena judicial de genocidio. Varios informes de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales sobre la guerra en Gaza gozan de credibilidad y se apoyan en documentación pormenorizada y exhaustiva de la actualidad. El trabajo de la Corte Penal Internacional y la incorporación de dichas fuentes en sus propios informes da fe de su credibilidad. Cabe mencionar también que la documentación visual retransmitida en directo por la prensa y las grabaciones autoincriminatorias publicadas por individuos que amenazaban con perpetrar o incitaban actos de genocidio o muestran la ejecución de actos genocidas, refleja la realidad de la conducta israelí a la hora de cometer o pretender cometer genocidio. Más concretamente, el caso cumple con la carga de la prueba necesaria para recibir una sentencia definitiva en relación con la petición de suspender la operación militar para garantizar la preservación de las pruebas y proporcionar comida y medicinas a los civiles, porque un error en dicha decisión tendría consecuencias que no podrían repararse o compensarse de forma retroactiva.
Probabilidad de cumplimiento de las medidas provisionales por parte de Israel
La decisión de la CIJ es vinculante sobre las dos partes del caso (Sudáfrica como parte demandante e Israel como parte demandada) de acuerdo con las disposiciones del Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas [33] y el Artículo IX de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio[34]. Sin embargo, existe la probabilidad de que Israel, que tiene el hábito de ignorar el Derecho internacional, incumpla la decisión de la CIJ; el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha insistido en que: "Nadie nos detendrá, ni La Haya ni el eje del mal [liderado por Irán], nadie", prometiendo seguir "hasta la victoria total"[35]. Queda por tanto claro que las autoridades de ocupación israelíes se están preparando para ignorar el fallo de la CIJ en relación con las medidas provisionales urgentes y buscarán el apoyo de Estados Unidos para condenar la decisión, como ya lo hicieron cuando la Corte Penal Internacional afirmó su competencia para investigar posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos Ocupados[36].
Sin embargo, Israel y sus defensores no podrán ignorar por completo la decisión tomada o actuar como si no tuviera consecuencia alguna, pues ésta será un dictamen de carácter oficial emitido por el órgano judicial supremo a nivel mundial, más concretamente si el tribunal dictamina medidas provisionales para suspender la operación militar. Al ignorar el fallo se entendería que Israel sigue cometiendo actos genocidas, lo cual avergonzaría a los defensores de Israel en Occidente en la escena mundial y fijaría un precedente que justificaría el rechazo de Rusia a la sentencia de marzo de 2022 de la CIJ de suspender su invasión en curso en Ucrania, en respuesta a la petición de medidas cautelares formulada por Ucrania, en su caso en virtud de la Convención sobre el Genocidio, que recordemos animó a numerosos países a imponer sanciones contra Rusia[37].
Conclusión
A la luz del contenido de la petición de Sudáfrica ante la CIJ y de los dos precedentes judiciales (Gambia contra Myanmar y Ucrania contra Rusia), es probable que el alto tribunal se decante a favor de las peticiones urgentes de medidas provisionales contra Israel, al menos parcialmente. La parte más importante de dichas peticiones, que incluye poner fin a la incursión militar israelí en Gaza y proteger las vidas de los civiles así como preservar cualquier prueba de genocidio, establece una base sólida para la Corte en su futura consideración de la demanda contra Israel por violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
Por último, el caso fue formulado para eliminar cualquier margen de maniobra como consecuencia de posibles retrasos o aplazamientos de la CIJ. Se ha presentado un amplio abanico de pruebas que apuntan al genocidio por parte de Israel. La petición formulada por Sudáfrica a la Corte para que dictamine medidas provisionales de protección (como una medida urgente) incluye, como primer paso, trabajar para detener la agresión militar israelí en la Franja de Gaza.
Publicado originalmente por el Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS). Puede consultarse aquí.
Las ideas expresadas en este documento corresponden a los autores y no reflejan necesariamente la postura del CEARC.
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Notas y referencias
[1] Artículo 36 / 1: La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.
Artículo 41: La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas.
[2] "South Africa v. Israel: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip", Corte Internacional de Justicia, 29/12/2023, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/424ZNQX
[3] "Proceedings Instituted by South Africa against Israel on 29 December 2023, Request for the Indication of Provisional Measures: Public Hearings to be Held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024", Corte Internacional de Justicia, 03/11/2024, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3tX9pQZ
[4] "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Request for the Indication of Provisional Measures: Conclusion of the Public Hearings Held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024", Corte Internacional de Justicia, 12/01/2024, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/48XfrQj
[5] Artículo II: En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Naciones Unidas, Asamblea General, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada y propuesta para su firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General mediante la Resolución núm. 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el Artículo XIII (Nueva York: 09/12/1948), consultado el 18/01/2024 en: https://bit.ly/48COG42
[6] Los delitos que Sudáfrica acusa a Israel de cometer en virtud del Artículo II de la Convención son: (1) provocar la matanza de palestinos en Gaza; (2) causarles graves daños físicos o mentales; (3) expulsarles de forma masiva de sus hogares y obligarles a desplazarse; (4) denegarles acceso a agua y comida en cantidades suficientes; (5) privarles de asistencia médica adecuada; (6) denegarles el acceso a cobijo, vestimenta, higiene y saneamiento adecuados; (7) destruir las vidas de los palestinos en Gaza; e (8) imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos palestinos. Véase: "Sudáfrica contra Israel".
[7] Ibid.
[8] Ibid, pág. 59.
[9] Ibid, pág. 67.
[10] Law For Palestine, "Law for Palestine Releases Database with 500+ Instances of Israeli Incitement to Genocide – Continuously Updated", 4 de enero de 2024, consultado el 18/01/2024 en: https://cutt.ly/owLah4Uh
[11] Artículo I: Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.
Artículo III: Serán castigados los actos siguientes: a) El genocidio; b) La asociación para cometer genocidio; c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio.
Artículo IV: Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.
Artículo V: Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.
Artículo VI: Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
[12] "South Africa v. Israel," págs. 70, 71.
[13] Ibid., pág. 82. He aquí algunas de las peticiones formuladas por el Estado de Sudáfrica:
a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
[14] Ibid, párr. 144.
[15] Ibid, pág. 82.
[16] "Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)", Corte Internacional de Justicia, 26/02/2007, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3SxjSMF
[17] "Public Sitting Held on Friday 12 January 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Donoghue Presiding: In the Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)", Corte Internacional de Justicia, 12/01/12024, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3O6kZjD
[18] Ibid. pág. 18.
[19] "Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)", pág. 129, párr. 209.
[20] Ibid, pág. 29.
[21] Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro), Fallo, Informes de la CIJ 2007 (I), pág. 129, párr. 209.
[22] "Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures Filed in the Registry of the Court on 11 November 2019: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of genocide (The Gambia v. Myanmar)", Corte Internacional de Justicia, 11/11/2019, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3S6xJrK
[23] "The Ukraine v. Russian Federation: Request for the Indication of Provisional Measures Submitted by Ukraine", Corte Internacional de Justicia, 25/02/2022, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/48BHJQx
[24] "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures: Order of 23 January 2020", Corte Internacional de Justicia, 23/01/2020, párr. 86, consultado el: 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3O8AW8K
[25] "Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 16 March 2022", Corte Internacional de Justicia, 16/03/2022, párr. 86, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/3Sn0Rw0
[26] "Security Council Elects Five Judges to International Court of Justice after Five Rounds of Voting", 09/11/2023, consultado el 18/01/2023 en: https://press.un.org/en/2023/sc15485.doc.htm
[27] "Calendar of Hearings and Events", Corte Internacional de Justicia, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/425pQay
[28] Véanse las fechas de las decisiones (Sudáfrica v. Israel) y (Bosnia y Herzegovina v. Serbia y Montenegro). Véase el historial de nombramiento de los jueces de la CIJ: "All Members of the Court Past and Present", Corte Internacional de Justicia, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/48T1liW
[29] "South Africa v. Israel", párr. 134.
[30] Leela Jadhav et al., "The Gaza Genocide Case: A Comprehensive Overview of South Africa's Legal Battle with Israel at the International Court of Justice || Highlights and FAQs", Law for Palestine, 10/01/2024, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://cutt.ly/twLaszWY
[31] "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004", Corte Internacional de Justicia, 09/07/2004, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://bit.ly/48F7bom
[32] Maryam Jamshidi, "How Israel Weaponizes International Law", Boston Review, 16/02/2022, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://cutt.ly/fwLas9rr
[33] Artículo 94
1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.
2. Si una de las partes en un litigio dejara de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.
Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, (San Francisco: 26/06/1945) consultada el 18/01/2024 en: https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text
[34] Artículo 9: Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia. Véase: Naciones Unidas, Asamblea General.
[35] Neri Zilber, "Netanyahu says 'nobody' will stop Israel including Hague court", Financial Times, 14/01/2024, consultado el 18/01/2024, disponible en: https://cutt.ly/BwLahEUP
[36] "Opposing International Criminal Court Attempts to Affirm Territorial Jurisdiction Over the Palestinian Situation". Departamento de Estado de los EE.UU., 05/01/2021, consultado el 18/01/2024 en: https://cutt.ly/QwLahDpa
[37] Leela Jadhav y otros.