Resumen
Israel ha desplegado numerosas tácticas, tanto abiertas como encubiertas, para frenar los esfuerzos palestinos en pro de la rendición de cuentas de Israel en la escena internacional tras su ofensiva en la Franja de Gaza. Su actuación se enmarca en una política más amplia que se analiza en este Documento de Estudio.
Introducción
La guerra genocida[1] en Gaza representa un punto de inflexión no solamente para la cuestión palestina sino también para el orden jurídico internacional en su conjunto. Mientras que la ofensiva israelí podría conducir al colapso del llamado "orden internacional basado en reglas" que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, la reciente implicación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) en la guerra genocida en Gaza y en la cuestión palestina en general podría proporcionar una ventana de oportunidad para romper el muro de impunidad que ha servido a Israel de escudo para evitar rendir cuentas por los crímenes que viene cometiendo de forma continuada contra el pueblo palestino desde hace 77 años.
La actuación israelí con respecto a los tribunales internacionales tras su ofensiva en Gaza se enmarca en una política de estado más amplia que conceptualiza los esfuerzos de los palestinos por ampararse en el Derecho Internacional como un intento por promover sus objetivos políticos en forma de lawfare. En 2001, Charles Dunlap, entonces coronel en el Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, utilizó el término lawfare para describir la politización del Derecho para lograr fines políticos que no pueden alcanzarse por medios militares. Definió dicho concepto como "la estrategia que utiliza –o hace un uso indebido de– la ley como alternativa a los medios militares tradicionales con el fin de alcanzar un objetivo bélico"[2].
Al apoyarse en el concepto del warfare, Israel ha retratado reiteradamente la interacción estratégica de los palestinos y sus defensores con el Derecho internacional y las instancias jurídicas internacionales como manipulación y un arma de guerra. Por ejemplo, cuando Palestina declaró su intención de adherirse al Estatuto de Roma para el Derecho Penal Internacional (Estatuto de Roma), el entonces Abogado General Militar del ejército israelí, Avihai Mandelblit, advirtió que la persecución palestina de Israel ante la CPI sería interpretada como un acto de guerra por parte del Gobierno de Israel[3].
El objetivo del presente documento de posición es cartografiar las distintas estrategias desplegadas por Israel para frustrar los intentos por conseguir que Israel rinda cuentas a nivel internacional, más concretamente ante la CIJ y la CPI. Para comprender la actuación actual de Israel ante las cortes internacionales, este artículo explora las tácticas empleadas por el país antes de su reciente ofensiva en Gaza para dilucidar cómo estas tácticas determinan la reciente respuesta israelí a lo que percibe como una gran amenaza estratégica.
Tácticas previamente desplegadas por Israel para gestionar los marcos jurídicos internacionales
La lucha del pueblo palestino por ser reconocido como un Estado fue contemplada por Israel y sus defensores como un momento decisivo en el "lawfare" palestino contra Israel, en la medida en que abrió la puerta a la interposición de acciones en su contra ante las Naciones Unidas, los órganos de tratados de los Derechos Humanos y los tribunales internacionales[4]. Con la adopción de la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que concedió a Palestina el estatus de Estado observador no miembro, la Autoridad Palestina (AP) tenía ya la capacidad de adherirse a los tratados internacionales. A partir de ese momento, la AP fue presionada por Israel y sus aliados para que se abstuviera de dar el paso. En julio de 2013, el Secretario de Estado estadounidense John Kerry medió para que se alcanzara un acuerdo con Israel en virtud del cual este último se comprometía a liberar a 104 presos palestinos a cambio de que Palestina se abstuviera de adherirse a organizaciones y tratados internacionales durante un período de nueve meses[5].
Israel interpretó el "lawfare" palestino en términos amplios, véanse, no limitados a la adhesión palestina a los tratados internacionales y los órganos judiciales internacionales. En la Encuesta Estratégica sobre Israel, publicada por el Institute for National Security Studies (INSS), Yehuda Ben Meir y Owen Alterman destacaron el papel de las ONG y la sociedad civil en los esfuerzos de deslegitimación de Israel a través de las campañas del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y las tácticas del lawfare[6]. A título ilustrativo, aludieron al Informe Goldstone sobre la operación Plomo Fundido en Gaza (diciembre de 2008-enero de 2009), en el que se acusaba a Israel de cometer crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad y sostuvieron que las ONG desempeñaron un papel crucial en la redacción de dicho informe. En lo que respecta al concepto de lawfare, defendieron que incluye "la consideración por parte de la Corte Internacional de Justicia del muro de separación de Cisjordania, el uso de la jurisdicción universal para perseguir a soldados y funcionarios israelíes, y el esfuerzo por establecer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional"[7].
Ya en 2009, el gabinete de seguridad de Israel creó una oficina especial en el marco del Ministerio de Justicia israelí para gestionar todas las causas internacionales interpuestas contra el Estado de Israel así como políticos y soldados israelíes[8]. El Ministerio de Asuntos Estratégicos (MAS) también desempeñó un papel crucial en la lucha contra el lawfare palestino, que incluye el movimiento BDS. El MAS fue creado inicialmente en 2006 y dirigido por Avigdor Lieberman con el objetivo de coordinar las iniciativas de seguridad, inteligencia y diplomacia con respecto a las amenazas estratégicas a las que se enfrentaba el país, fundamentalmente Irán. Con el tiempo, el movimiento BDS fue visto cada vez más como una amenaza, hasta el punto de que en 2015 el primer ministro Netanyahu lo describió, junto con Irán, como una amenaza estratégica para Israel[9] y designó a Gilad Erdan máximo responsable del MAS para combatir la "deslegitimación de Israel". Tras su nombramiento, Erdan afirmó que "combatiría las acciones emprendidas contra Israel en el ámbito internacional, como los esfuerzos por atacarnos ante la Corte Penal Internacional y las presiones ejercidas por Palestina para provocar nuestra expulsión de la FIFA, entre otros ataques. Mi intención es asumir esta tarea con total contundencia… Se trata de cuestiones urgentes cuya importancia no debe subestimarse"[10]. Las actuaciones del MAS han estado plagadas de acusaciones de secretismo y falta de transparencia[11] e incluso ilegalidad por parte del propio cuerpo diplomático israelí[12]. El MAS se apoya en una red de organizaciones nacionales e internacionales a la hora de implantar sus políticas, si bien se ha negado a divulgar la lista de entidades que la integran[13].
En 2023, antes de la guerra en Gaza, el brigada general (reservista) Oren Solomon publicó un artículo en el que retrataba el "lawfare" palestino como una amenaza a la seguridad nacional que solamente puede superarse mediante una estrategia multidimensional. Sugirió que la respuesta israelí ha de articularse en torno a cuatro ejes: primero, desarrollar las capacidades para detectar con antelación la intención de tomar acciones en contra de Israel en los foros jurídicos internacionales; el segundo, prevenir y frustrar los esfuerzos destinados a denunciar a Israel y los israelíes mediante una variedad de métodos y acciones (legales, de inteligencia, etc.); el tercero, haciendo pagar un precio personal muy alto a quienes ostentan posiciones de poder y actúan en contra de Israel y extorsionando al Gobierno palestino al tiempo que recalcan que "el mensaje ha de quedar claro: no es posible actuar contra nosotros sin pagar un alto precio por ello"; y , por último, forjando alianzas con otros países, de manera particular con los Estados Unidos[14].
A través del MAS y otras agencias, Israel ha desplegado numerosas tácticas, tanto abiertas como encubiertas, para frenar los esfuerzos palestinos en pro de la rendición de cuentas de Israel en la escena internacional, a saber:
Presión económica: una de las tácticas empleadas por Israel es ejercer presión económica, ya sea de forma directa o a través de sus aliados, sobre la AP y demás organizaciones. Por ejemplo, en 2014, cuando el Estado de Palestina ratificó 18 tratados internacionales, incluido el Estatuto de Roma, Israel respondió reteniendo 127 millones de dólares de los ingresos fiscales mensuales recaudados por la AP. Según las estimaciones, estos ingresos fiscales aportaban del orden del 80% del presupuesto operativo mensual de la AP, que rondaba los 160 millones de dólares[15]. Cuando la CPI anunció que abriría un examen preliminar en el caso de Palestina, el ministro de Exteriores Lieberman lanzó una campaña en la que instaba a los principales países financiadores de la CPI a que recortasen sus aportaciones. Cabe destacar que más de la mitad del presupuesto anual de la CPI procede de siete grandes donantes: Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Canadá[16]. Los Estados Unidos también trataron de ejercer presión económica sobre las agencias de las Naciones Unidas que admitieron a Palestina como Estado miembro al retirarles la financiación[17].
Presión sobre las organizaciones palestinas de Derechos Humanos: la hipótesis de trabajo en Israel es que las organizaciones palestinas de Derechos Humanos desempeñan un papel crucial a la hora de documentar las flagrantes violaciones del Derecho Internacional cometidas por Israel y que su labor es fundamental en la interposición de demandas contra Israel ante las cortes internacionales. En una publicación reciente del INSS firmada por Arthur Link, el que fuera embajador de Israel en Sudáfrica, en la que se aborda la demanda de genocidio interpuesta por Sudáfrica contra Israel, el autor sostiene que "todo apunta a que los documentos fueron preparados por un equipo internacional de juristas que trabaja con el Departamento de Asuntos de la Negociación de Palestina, en la medida en que contiene abundantes citas, datos y cifras de fuentes locales y apenas ha sido ligeramente editado con aportaciones sudafricanas. Sudáfrica carece de presencia significativa sobre el terreno y tampoco posee el conocimiento interno necesario para elaborar un dosier de esta naturaleza"[18]. Esta hipótesis explica por qué Israel persigue a las organizaciones de Derechos Humanos palestinas. A título de ejemplo, en 2019, el MAS publicó un informe titulado "Terrorists in Suits: The Ties Between NGOs promoting BDS and Terrorist Organisations" (Terroristas trajeados: los vínculos entre las ONG que promueven el BDS y las organizaciones terroristas)[19]. El informe contenía acusaciones infundadas e información desfasada que aspiraba a establecer vínculos entre las organizaciones de derechos humanos y actos violentos.
En otro informe, titulado "The Money Trail: European Union Financing of Organizations Promoting Boycotts against the State of Israel" (El rastro del dinero: la Unión Europea financia organizaciones que promueven el boicot contra el Estado de Israel)[20], el ministerio acusa a la UE de conceder ayuda financiera a organizaciones que promueven el BDS y tienen vínculos con grupos terroristas. La oficina de la UE en Israel declaró que el informe contenía acusaciones "infundadas e inaceptables"[21].
En 2021, Israel tildó de organizaciones terroristas a seis organizaciones palestinas de derechos humanos, véanse Al-Haq, Addameer, Bisan Center for Research and Development, Defence for Children International – Palestina, Union of Palestinian Women's Committees y Union of Agricultural Work Committees[22].
Pese a sus esfuerzos, estas tácticas tuvieron un impacto limitado, en la medida en que los movimientos israelíes fueron duramente criticados en una declaración conjunta de Human Rights Watch y Amnistía Internacional[23], así como en otra declaración firmada por varios expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hablaron de un "ataque frontal al movimiento palestino en pro de los Derechos Humanos de los palestinos y los derechos humanos en general".[24] En julio de 2022, nueve países europeos emitieron una declaración conjunta anunciando que seguirían trabajando con las seis organizaciones palestinas ilegalizadas por Israel debido a la incapacidad de Israel de demostrar su condición de organizaciones terroristas[25]. En agosto de 2022, el periódico The Guardian publicó un artículo en el que desvelaba que un informe clasificado de la CIA apuntaba a la incapacidad de la agencia de encontrar evidencias que avalaran la decisión israelí de calificar a las seis grandes ONG palestinas como organizaciones terroristas[26].
Presión contra individuos: Además de poner en el punto de mira a las organizaciones palestinas de Derechos Humanos, Israel también persiguió a personas a título individual tanto de forma explícita como implícita. Entre las acciones emprendidas destacan la prohibición de viajar, la difamación, acusaciones falsas de terrorismo y campañas para arrojar dudas sobre la integridad profesional de las personas señaladas. Por ejemplo, Shawan Jabareen, el director general de Al-Haq, ha sido sistemáticamente acosado por las autoridades israelíes. En 2019, 4IL, un medio público con vinculaciones con el MAS, publicó un artículo acusando a Jabareen de "terrorismo", lo cual condujo a comentarios difamatorios y amenazas de muerte contra su persona en plataformas públicas sin que se filtraran dichos comentarios[27]. Recordemos que Jabareen ya había sido perseguido con anterioridad y que se le había prohibido viajar para participar en actos en el extranjero[28].
Mención especial merecen también los ataques abiertamente lanzados por organizaciones con un vínculo muy estrecho con el aparato de seguridad israelí. Cuando la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció la apertura de una investigación por supuestos crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania, el Begin Sadat Center for Strategic Studies (BESA) publicó un artículo acusando a Bensouda, que fue ministra de Justicia en Gambia, de apoyar el régimen tiránico en su país, responsable de violar sistemáticamente los Derechos Humanos. El artículo también la acusaba de incumplir su deber de comportarse de forma "profesional, objetiva y ética" por colaborar con los palestinos para ayudarles a solicitar su adhesión al Estatuto de Roma y a interponer una demanda contra Israel[29].
Entre las tácticas clandestinas desplegadas por Israel destaca también la vigilancia y espionaje de activistas de Derechos Humanos palestinos. En noviembre de 2021, la organización Front Line Defenders reveló que había realizado una investigación técnica que confirmó que los teléfonos de seis activistas de Derechos Humanos palestinos fueron infectados con Pegasus, un software espía comercializado por NSO Group, una empresa radicada en Israel. Las conclusiones y los datos recuperados de los teléfonos infectados fueron compartidos con Citizen Lab y el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional para someterlos a una revisión por pares independiente. Los análisis de ambas organizaciones concluyeron que los teléfonos habían sido infectados con el spyware Pegasus[30].
En mayo de 2024, el diario The Guardian reveló que una investigación que realizó en coordinación con las revistas radicadas en Israel +972 y Local Call concluyó que Israel había orquestado una guerra secreta contra la CPI durante casi una década. La operación implicó a agencias de inteligencia que vigilaron, hackearon, presionaron, difamaron y supuestamente amenazaron a altos cargos de la CPI, incluida Bensouda, quien fue contactada directamente por Yossi Cohen, exdirector del Mossad[31].
Tácticas legales: Israel ha desplegado tres tipos de tácticas legales para responder a las iniciativas de rendición de cuentas a nivel internacional. Dichas tácticas incluyen una implicación limitada con los tribunales internacionales en lo referente a las cuestiones jurisdiccionales; reclutar aliados para que intervinieran en su nombre ante tribunales internacionales con el fin de instarles a abstenerse de ejercer su jurisdicción sobre Israel; y adoptar medidas que sugieren que Israel está reforzando su aparato de investigación.
Israel desplegó el primer tipo de táctica legal la primera vez que se llevó la colonización israelí de Palestina ante un tribunal internacional, más concretamente cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó en 2003 una opinión consultiva a la CIJ sobre las consecuencias legales de levantar el muro de separación. Israel presentó una declaración escrita con objeciones pormenorizadas a la jurisdicción de la Corte[32] pero se negó a participar en la audiencia. De igual modo, cuando el fiscal de la CPI declaró su intención de abrir una investigación sobre la situación en Palestina y pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que estableciera la jurisdicción territorial de la Corte, Israel no participó de manera directa. En su lugar, presentó un dictamen del Abogado General en 2019 en el que se explicaba la posición jurídica israelí. De acuerdo con dicho dictamen, la CPI carecía de jurisdicción sobre la situación en Palestina. Si bien no se presentó oficialmente a la CPI, se utilizó para promover la posición de Israel en otros foros[33].
En lo que concierne a la búsqueda y reclutamiento de aliados, Israel ha reclutado Estados y organizaciones para intervenir en las causas abiertas en los tribunales internacionales en un esfuerzo por torpedear los esfuerzos encaminados a la rendición de cuentas. Por ejemplo, en relación con la opinión consultiva de 2004 sobre el muro, Estados Unidos intervino y sostuvo que la CIJ carecía de jurisdicción. En el caso de la CPI, cuando la fiscal Bensouda solicitó en 2020 a la Sala de Cuestiones Preliminares un fallo sobre la jurisdicción territorial de la corte en Palestina, muchos de los aliados israelíes, incluidos Estados, organizaciones y personas a título individual, salieron en su defensa al presentar escritos de amicus curie argumentando que la CPI carecía de jurisdicción. Entre dichos actores destacan (entre otros) Australia, Austria, Brasil, la República Checa, Hungría, Alemania, Uganda, el European Centre for Law and Justice y el Colegio de Abogados de Israel; el Lawfare Project et. al, UK Lawyers for Israel, el International Legal Forum, la Jerusalem Initiative y el Simon Wiesenthal Center, además del exembajador Dennis Ross y el profesor Malcolm N. Shaw[34].
El tercer tipo de tácticas empleadas para frustrar la amenaza de acciones legales ante la CPI invoca el principio de complementariedad, que reconoce la primacía de los tribunales nacionales a la hora de investigar crímenes que caen bajo la jurisdicción de la CPI. Israel se ha afanado en introducir cambios estructurales para dotar a sus propias autoridades de la capacidad de investigar, de manera profesional, acusaciones de violaciones de las normas del Derecho Penal Internacional. Por ejemplo, en una publicación del INSS, Avihai Mandelblit, quien fuera Abogado General Militar, sostuvo que el ejército israelí había construido un sistema en el marco de la Unidad de Consultoría Jurídica Militar con fines operacionales. Su objetivo no era otro que emitir dictámenes jurídicos a su personal, desde la comandancia hasta el nivel de división, sobre cómo llevar a cabo sus operaciones dentro de los límites establecidos por el Derecho Internacional. Tras el cese de las hostilidades, Mandelblit sostuvo que el ejército investiga incidentes con denuncias creíbles de violaciones de las leyes de la guerra[35]. Otros esgrimen que para evitar la jurisdicción de la CPI es importante que Israel coopere, ya sea abiertamente o entre bambalinas, con los órganos de investigación de las Naciones Unidas, y que emplee también las herramientas jurídicas embebidas en el Estatuto de Roma, como los principios de complementariedad y gravedad, para frenar las investigaciones[36].
Actuaciones ante las instancias judiciales internacionales después de Gaza
La guerra genocida de Israel en Gaza condujo a la apertura de varias causas legales contra Israel y otros actores en órganos judiciales internacionales, incluida una denuncia formulada por Sudáfrica contra Israel por supuestas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio (Convención sobre el Genocidio) y la emisión de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por parte de la CPI por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La guerra genocida en Gaza también tuvo un impacto en el proceso abierto en relación con la opinión consultiva sobre las "Consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este", si bien dicha opinión se solicitó antes de que estallara la guerra.
Como consecuencia, Israel se topó con una nueva y desafiante realidad en la escena internacional por tres motivos principales. A diferencia de las opiniones consultivas, que no son legalmente vinculantes, el fallo de la CIJ en un caso contencioso, como el interpuesto por Sudáfrica, sí es de carácter vinculante. De igual modo, la emisión de órdenes de detención por la CPI es también legalmente vinculante. En segundo lugar, el daño reputacional del caso de genocidio llevado ante la CIJ y la CPI es significativamente mayor al de la opinión consultiva y podría conducir a la imposición de restricciones a la venta de armas o abrir la puerta a casos penales y civiles en tribunales extranjeros contra otros individuos en virtud del principio de jurisdicción universal. Asimismo, podría apoyar al movimiento BDS. En tercer lugar, estos nuevos procedimientos legales fueron iniciados o apoyados por Estados, y no por organizaciones de Derechos Humanos. Las tácticas empleadas contra las organizaciones de Derechos Humanos, que ya habían demostrado un éxito limitado, resultan de menor utilidad si cabe en el caso de los Estados, puesto que implicarían a Israel en la violación de principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
En respuesta a estos nuevos retos, los think tanks de derechas instaron a una estrategia más contundente. Por ejemplo, Rafael Biton, de Misgav - The Institute of National Security and Zionist Strategy, defendió que "la amenaza al Derecho internacional aspira a restringir y minar el derecho a la autodefensa de Israel sin autoridad ni justificación. Como tal, y en vista de sus implicaciones, esta amenaza equivale a un esfuerzo por sabotear el suministro y las maniobras militares. Ha de contemplarse como una amenaza diplomática y a la seguridad, y no como una amenaza de naturaleza jurídica… Por ello, han de ser los mandos de seguridad nacional y no las instancias judiciales quienes le planten cara"[37]. Desde esta consideración, Israel ha de redefinir sus objetivos y convencer a otros Estados de que se retiren de la CPI y se afanen en deslegitimizar a la CIJ y la CPI, además de animar a los países a dejar de cooperar con estas instancias. Asimismo, Israel debería promover una interpretación jurídica alternativa con países como los Estados Unidos el Reino Unido o Alemania para que los tribunales internacionales tengan mayores dificultades para adoptar una posición en su contra[38].
Bien distinta ha sido la posición de instituciones más centristas, como el Israel Democracy Institute (IDI), que desalentó a Israel de lanzar un ataque de calado contra la CPI y sus jueces al considerar que minaría la capacidad para ayudar a Israel de los Estados occidentales que valoran a la CPI. En su lugar, el IDI animó a Israel a recurrir a todos los cauces judiciales disponibles, fundamentalmente el principio de complementariedad, al establecer una comisión de investigación que pudiera emprender acciones penales o, directamente, investigaciones penales. Por último, el IDI insistió en la importancia de reclutar países afines a la batalla jurídica israelí[39].
Como consecuencia de la demanda contenciosa en su contra en la CIJ y la implicación de la CPI con respecto a la guerra, Israel se ha visto obligado a adaptar sus estrategias. Si bien las estrategias pasadas han seguido marcando la tónica de la respuesta israelí, Israel ha debido abandonar su política de implicación limitada, al menos en lo que respecta a los procedimientos legales de naturaleza vinculante.
Aparentemente, las tácticas de vigilancia e intimidación han sido empleadas al menos en el caso llevado ante la CPI. El 20 de mayo de 2024, cuando el fiscal de la CPI Karim Khan anunció que emitiría órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, lanzó la siguiente advertencia: "Todos los intentos por impedir, intimidar o influir de forma indebida a altos funcionarios de esta Corte han de cesar de inmediato. Mi oficina no dudará en invocar el Artículo 70 [delitos contra la administración de justicia] del Estatuto de Roma si dicha conducta persiste"[40]. Pocos días después, el diario The Guardian publicó su informe sobre la investigación realizada en coordinación con +972 y Local Call sobre la guerra encubierta de Israel contra la CPI. En su informe, The Guardian defendió que la CPI ha reforzado sus medidas de seguridad contra ciberoperaciones, lo cual incluye la realización de inspecciones regulares de las oficinas de los fiscales, controles de seguridad en dispositivos, zonas sin teléfonos y evaluaciones de amenazas semanales[41].
El caso de la CPI ha desencadenado, de lejos, más resistencia y objeciones que otros procesos legales. Por ejemplo, Israel se apoyó en su aliado Estados Unidos para iniciar sanciones contra la CPI y quienes colaboran con la Corte. En junio de 2024, el congresista republicano Chip Roy presentó un proyecto de ley titulado The Illegitimate Court Counteraction Act[42]. El ICCA perseguía imponer sanciones y restricciones de visado de forma obligatoria a cualquier persona extranjera que pretendiera ayudar, asistir de forma material o aportar apoyo financiero a los esfuerzos de la CPI por investigar a Israel. El ICCA proponía además la obligatoriedad de imponer estas sanciones a personal judicial, magistrados, testigos y Estados u organizaciones que apoyaran, aunque fuera de forma limitada, a la CPI. La Administración Biden se opuso al proyecto de ley al considerar que podría dañar los intereses de los Estados Unidos y su relación con sus aliados[43]. No obstante, con el cambio de Administración, es de prever que Trump apoyará las sanciones contra la Corte, como ya hizo durante su primer mandato cuando firmó la Orden Ejecutiva nº 13928 Blocking Property of Certain Persons Associated with the International Criminal Court (ICC) (Embargo de bienes de ciertas personas asociadas con la Corte Penal Internacional), orden que, recordemos, fue revocada posteriormente por la Administración Biden[44].
En cuanto a las estrategias jurídicas, en lo referente a la opinión consultiva, Israel empleó la misma estrategia que desplegó respecto de la opinión consultiva sobre el muro: presentó una declaración escrita sobre la cuestión jurisdiccional al tiempo que se abstuvo de participar en el procedimiento oral celebrado en febrero de 2024 después de que Israel lanzara la guerra genocida contra Gaza. Este procedimiento estuvo marcado por el gran número de países que decidieron comparecer ante la corte, la gran mayoría de los cuales expresaron su apoyo a la posición palestina sobre la ilegalidad de la ocupación israelí[45]. Israel también recurrió al apoyo de sus aliados, fundamentalmente los Estados Unidos y Alemania, para defender su visión de que la CIJ debía abstenerse de emitir un dictamen.
En lo que respecta a la denuncia de genocidio interpuesta por Sudáfrica, más allá de las repercusiones jurídicas del caso, destaca el fuerte componente simbólico de la misma, que obedece a dos motivos. En primer lugar, porque acusar a Israel de genocidio haría mella en el excepcionalismo israelí, en virtud del cual el país, en tanto que Estado de los supervivientes del Holocausto, jamás perpetraría atrocidades masivas de tal calibre. En segundo lugar, el hecho de que el caso haya sido presentado por un Estado que tiene el legado de combatir un régimen marcadamente racista encierra en sí mismo un peso moral significativo. No sorprende, por tanto, que Israel se haya apoyado en una batería de juristas de primer nivel, incluido el profesor de Derecho internacional Malcolm Shaw para su defensa. Israel también designó al expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, el juez israelí de mayor prestigio internacional y superviviente del Holocausto, para integrar el panel de jueces que dirimen el caso. En los círculos académicos y judiciales occidentales, Barak es percibido por muchos como un magistrado liberal además de un adalid de la democracia, quien recordemos plantó también cara a los esfuerzos de Netanyahu de erosionar el estatus del Tribunal Supremo. Todo ello, pese a su papel en la "legitimación de la mayoría de los crímenes israelíes, al tiempo que defiende la fachada de la 'democracia israelí'", en palabras de Orly Noy[46]. Al aceptar el nombramiento de Netanyahu a pesar de su turbulenta relación en el pasado, Barak fue el aval definitivo para Israel. Dicho esto, el magistrado dimitió en junio de 2024 alegando motivos personales. La bancada israelí participó en la audiencia pública celebrada en enero de 2024 para emitir un fallo sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Sudáfrica. La intervención israelí se centró en las cuestiones jurisdiccionales y sustantivas, alegando fundamentalmente que Israel se limitaba a defenderse[47]. Israel siguió interactuando con el tribunal, entre otras cuestiones presentando observaciones a la petición sudafricana de indicación de medidas provisionales y la modificación de las medidas provisionales previamente dictadas por la corte en febrero[48] y marzo[49] de 2024.
Israel también se implicó activamente en el procedimiento de la CPI relativo a la emisión de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. A diferencia del procedimiento anterior ante la CPI relativo a la jurisdicción territorial de la corte, en este caso Israel decidió presentar dos informes al tribunal. El primero se centraba en las cuestiones jurisdiccionales. En él, Israel defendía que la "soberanía sobre Cisjordania y la Franja de Gaza permanece en suspenso y no existe un 'territorio' de un Estado (en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Roma) sobre el cual la Corte pueda ejercer su jurisdicción"[50]. También sostuvo que la CPI puede ejercer su jurisdicción únicamente si el Estado Parte territorial la ha "delegado" o "transferido" a la Corte. Sin embargo, Israel esgrimió que los Acuerdos de Oslo establecen con claridad que la AP carece de jurisdicción penal sobre el Área C, Jerusalén y los ciudadanos israelíes, de manera que no puede delegar tal jurisdicción a la Corte[51].
En el segundo informe, Israel se centró en el principio de complementariedad y sostuvo que el fiscal violó el principio al no dar un aviso suficientemente específico de su investigación y no brindar a Israel la oportunidad de ejercer su derecho a investigar las demandas presentadas por su cuenta[52].
Israel también reclutó a sus aliados para que intervinieran en el procedimiento abierto ante la CPI. El primer país en hacerlo fue el Reino Unido, bajo el gobierno conservador anterior, que solicitó a la Corte que le diera el visto bueno a la presentación de observaciones. La Sala de Cuestiones Preliminares respondió afirmativamente a la petición el 27 de junio de 2024, si bien limitó futuros escritos a una extensión de diez folios[53]. En última instancia, el Reino Unido no presentó observaciones al tribunal, pero los Estados Unidos[54], Alemania[55], Argentina[56], Hungría[57], la República Checa[58] y la RDC[59] presentaron escritos con argumentos semejantes a los trasladados por Israel. Otros individuos o colectivos, como UK Lawyers for Israel, B'nai B'rith UK, el International Legal Forum, la Jerusalemites' Initiative y el Simon Wiesenthal Center hicieron lo propio[60].
Los aliados de Israel siguieron dando muestras de su falta de voluntad de cooperar con la CPI tras la emisión de las órdenes de detención. Por ejemplo, políticos de alto nivel franceses, italianos y alemanes hicieron declaraciones públicas apuntando a que no cooperarían con la CPI[61]. El Ministerio de Exteriores francés emitió una declaración afirmando que "un Estado no puede ser obligado a actuar de manera contraria a sus obligaciones con arreglo al Derecho Internacional con respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte de la CPI"[62]. El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani declaró que "la detención de Netanyahu no es factible, al menos mientras sea primer ministro"[63]. Políticos [SB3] alemanes emitieron declaraciones contradictorias sobre la cuestión. A título ilustrativo, un portavoz del Gobierno alemán destacó que le resultaba "difícil imaginar que Alemania detuviera a Netanyahu en su territorio"[64].
En diciembre de 2024, Israel presentó dos recursos contra la decisión de la Corte de rechazar ambas impugnaciones a la jurisdicción de la CPI[65].
Por último, existe una presión creciente en Israel a favor de la creación de una comisión de investigación oficial[66] en la que apoyarse para defender que Israel está investigando violaciones al Derecho Humanitario Internacional para bloquear las investigaciones en la CPI basadas en el principio de complementariedad.
¿Qué cabe esperar ahora?
No cabe duda de que Israel seguirá desplegando las tácticas anteriormente mencionadas para frenar los esfuerzos de rendición de cuentas a nivel internacional. Sin embargo, su éxito o fracaso depende también del éxito del liderazgo y la sociedad civil de Palestina y demás países a la hora de movilizar otros recursos. En junio de 2024, un total de 93 Estados Parte del Estatuto de Roma emitieron una declaración en apoyo a la CPI, sosteniendo que "la Corte, sus funcionarios y su personal deberían llevar a cabo sus obligaciones profesionales como funcionarios públicos internacionales sin intimidación"[67]. Varios países ya han presentado escritos a la CPI ya sea individualmente o de forma colectiva, respaldando la jurisdicción de la Corte, entre los que se incluyen España[68], Irlanda[69], Noruega[70], Brasil[71], Colombia[72], Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comoras y Djibouti[73], Chile y México[74]. Asimismo, la Organización para la Cooperación Islámica[75] y la Liga de Estados Árabes[76] apoyaron la jurisdicción de la CPI. Sendas organizaciones de Derechos Humanos, de otra naturaleza y expertos en Derechos Humanos también han intervenido para apoyar la jurisdicción de la CPI, incluida la Comisión Internacional de Juristas[77] y los Titulares de Mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[78].
Rebecca Ingber compiló las declaraciones oficiales emitidas por los países en respuesta a la decisión de la CPI de emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y las clasificó en seis categorías. De acuerdo con su análisis, 17 países declararon su apoyo y voluntad política a cumplir con la decisión de la CPI; 18 países expresaron su voluntad de cumplir; un país trasladó únicamente su apoyo político; seis países manifestaron una postura de no compromiso; cuatro países vertieron críticas por cuestiones políticas; y un país expresó sus críticas por motivos legales y/o sugirió un no complimiento[79]. Esto sugiere que la gran mayoría de declaraciones han sido favorables a los esfuerzos de rendición de cuentas en el marco del Derecho Internacional. También es importante recordar que si existe una política oficial en contra de las órdenes de detención de la CPI esta puede impugnarse con éxito en los tribunales nacionales. Por consiguiente, quienes trabajan para promover los esfuerzos de rendición de cuentas a nivel internacional han de prepararse para dar este paso si fuera necesario.
En lo relativo a las presiones económicas, España ha anunciado recientemente una inyección de fondos de 1,6 millones de euros a la CPI[80] mientras que Bélgica ya comunicó en noviembre de 2023 que aportaría 5 millones de euros para impulsar la investigación de la Corte sobre la guerra de Gaza[81]. El liderazgo palestino y sus aliados deberían trabajar con otros Estados Parte del Estatuto de Roma para que hagan lo propio.
Finalmente, el éxito de Israel (o ausencia del mismo) a la hora de instrumentalizar el principio de complementariedad se apoya en el éxito de otras partes interesadas al desmontar de forma metódica el argumento de que Israel tiene una capacidad real para investigar las acusaciones de violaciones flagrantes del Derecho internacional perpetradas por sus jefes de Estado, comandantes de alto rango y soldados rasos.
En resumen, nos encontramos ante un momento crítico para los esfuerzos de rendición de cuentas en particular, y el Derecho Internacional en general. Que este momento histórico despliegue todo su potencial dependerá de las acciones futuras de los actores que han mostrado su voluntad de apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas y de los aliados del pueblo palestino y su capacidad para movilizar a actores internacionales.
* Este Documento de Estudio fue publicado originalmente en árabe en la revista académica Journal of Palestine Studies, Issue 142, Spring 2025. Puede consultarse aquí.
Crédito de imagen: Shutterstock / Anas Mohammed
Notas y referencias
[1] Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese - Genocide as colonial erasure. UN Doc. A/79/384. Disponible en: https://docs.un.org/en/A/79/384; End unfolding genocide or watch it end life in Gaza: Office of the UN High Commissioner for Human Rights. UN experts say States face defining choice. Disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/05/end-unfolding-genocide-or-watch-it-end-life-gaza-un-experts-say-states-face
[2] Charles J. Dunlap, Jr., Lawfare Today: A Perspective, 3 Yale J. Int'l Aff. 146, 146 (2008).
[3] Colum Lynch, Should Israel fear ICC war crimes prosecutions if Palestine becomes a state?, Foreign Policy, September 12, 2011. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2011/09/12/should-israel-fear-icc-war-crimes-prosecutions-if-palestine-becomes-a-state/
[4] Kittrie, Orde F. Lawfare: Law as a weapon of war. Oxford University Press, 2015.
[5] Id.
[6] Meir, Yehuda Ben y Owen Alterman. "The Delegitimization Threat: Roots, Manifestations, and Containment". Strategic Survey for Israel 2011 (2011): 121-37.
[7] Id, pág. 130.
[8] Véase la nota 3.
[9] The Jerusalem Post. Netanyahu tells Jpost Conference: Iran, BDS emerging as threats to Israel on world stage (7.06.2015). https://www.jpost.com/Breaking-News/Netanyahu-tells-Jpost-Conference-Iran-BDS-emerging-as-threats-to-Israel-on-world-stage-405319
[10] The Jerusalem Post. Israel's answer to the BDS movement - Gilad Erdan (25/05/2015). Disponible en: https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Israels-answer-to-the-BDS-movement-Gilad-Erdan-404038
[11]Haaretz. Inside the Clandestine World of Israel's 'BDS-busting' Ministry (26/03/2017). Disponible en: https://www.haaretz.com/israel-news/2017-03-26/ty-article-magazine/inside-the-clandestine-world-of-israels-bds-busting-ministry/0000017f-e160-df7c-a5ff-e37ace710000
[12] The Guardian. Israeli diplomats cautioned against 'operating' British Jewish organisations (09/01/2017). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/09/israeli-diplomats-cautioned-against-operating-british-jewish-organisations
[13] +972 Magazine. Israeli ministry paying for anti-BDS propaganda in major news outlets (14/01/2020). Disponible en: https://www.972mag.com/anti-bds-propaganda-ministry-media/
[14] Oren Solomon. Debemos cambiar de estrategia: la débil defensa del Tribunal Supremo contra el tribunal de La Haya. Makor Rishon (22/03/2023) (en hebreo). Disponible en: https://www.makorrishon.co.il/opinion/594943/
[15] Véase la nota 3.
[16] Id.
[17] Id.
[18] Arthur Lenk. South Africa and the Claim Israel Is Committing Genocide in Gaza. Strategic Assessment 27 (1) marzo de 2024, 105-110, p. 105.
[19] Oficina del Primer Ministro. Informe especial: The ties between NGOs promoting BDS and terror organizations (5.03.2019). Disponible en: https://www.gov.il/en/pages/terrorists_in_suits
[20] Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública, Estado de Israel, 'The Money Trail: European Union Financing of Organizations Promoting Boycotts against the State of Israel' (2ª Edición, enero de 2019). Disponible en: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/money_trail/en/strategic_affairs_money_en.pdf
[21] Delegación de la Unión Europea ante el Estado de Israel, tweet (23 de enero de 2019). Disponible en: https://twitter.com/EUinIsrael/status/1087995069616046080
[22] Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo. The Minister of Defense designated six organizations of the "Popular Front for the Liberation of Palestine" as terror organizations. Disponible en: https://nbctf.mod.gov.il/en/Pages/211021EN.aspx
[23] Israel/Palestine: Designation of Palestinian Rights Groups as Terrorists, declaración conjunta de HRW & AI (22.10.21). Disponible en: https://www.hrw.org/news/2021/10/22/israel/palestine-designation-palestinian-rights-groups-terrorists
[24] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. UN experts condemn Israel's designation of Palestinian human rights defenders as terrorist organisations (25.10.2021). Disponible en https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/un-experts-condemn-israels-designation-palestinian-human-rights-defenders?LangID=E&NewsID=27702
[25] Haaretz. 'Insufficient Evidence': Nine EU Nations to Keep Ties With Palestinian NGOs Israel Blacklisted as Terrorist Groups (12.07.2022). Disponible en: https://www.haaretz.com/israel-news/2022-07-12/ty-article/.premium/9-eu-nations-to-keep-ties-with-palestinian-ngos-israel-blacklisted-as-terrorist-groups/00000181-f349-daef-a79b-f7dfa4650000
[26] The Guardian. CIA unable to corroborate Israel's 'terror' label for Palestinian rights groups (22.08.2022). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/22/cia-report-israel-palestinian-rights-groups
[27] FIDH. Israel/OPT: Smear campaign against Al-Haq & Shawan Jabarin (26/07/2019). Disponible en: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/israel-opt-smear-campaign-against-al-haq-shawan-jabarin
[28] HRW. Israel: Revoke Rights Defender's Travel Ban (2.03.12). Disponible en: https://www.hrw.org/news/2012/03/02/israel-revoke-rights-defenders-travel-ban
[29] Eytan Gilboa. The ICC's Decision to Investigate Israel Is Baseless but Dangerous. BESA (9.02.2021). Disponible en: https://besacenter.org/the-iccs-decision-to-investigate-israel-is-baseless-but-dangerous/
[30] Front Line Defenders. Six Palestinian human rights defenders hacked with NSO Group's Pegasus Spyware (8.11.2021). Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/statement-targeting-palestinian-hrds-pegasus
[31] The Guardian. Revealed: Israeli spy chief 'threatened' ICC prosecutor over war crimes inquiry (28.05.2024). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/israeli-spy-chief-icc-prosecutor-war-crimes-inquiry
[32] Carta fechada el 29 de enero de 2004 del Director General Adjunto y Asesor Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con la Declaración Escrita del Gobierno de Israel (26.01.2004). Disponible en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/1579.pdf
[33] Ministerio de Justicia. Cómo abordar la Corte Penal Internacional de La Haya (última actualización el 6.12.21) (en hebreo). Disponible en: https://www.gov.il/he/pages/international-criminal-court
[34] Decision on the 'Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine'. Nº ICC-01/18 (05/02/2021). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF
[35] Mandelblit, Avihai. "Lawfare: The Legal Front of the IDF" (2015). INSS
[36] Levy Bar y Shir Rozenzweig. "Israel and the International Criminal Court: A legal battlefield". INSS Strategic Assessment 19, nº 2 (2016): 129.
[37] Rafael Bitton. The International Courts: Not a Legal Problem, but a Strategic Diplomatic-Security Challenge. MISGAV (28.01.2024), p. 1. Disponible en: https://www.misgavins.org/en/the-international-courts-not-a-legal-problem-but-a-strategic-diplomatic-security-challenge/
[38] Id.
[39] Eran Shamir-Borer & Amichai Cohen. The International Criminal Court Issues Arrest Warrants Against Prime Minister Netanyahu and Former Defense Minister Yoav Gallant. Israel Institute of Democracy (28/11/2024). Disponible en: https://en.idi.org.il/articles/57328
[40] ICC. Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine (20/05/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state
[41] The Guardian. Spying, hacking and intimidation: Israel's nine-year 'war' on the ICC exposed (28/05/2024). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/spying-hacking-intimidation-israel-war-icc-exposed
[42]H. R. 8282 (The Illegitimate Court Counteraction Act). Disponible en: https://www.congress.gov/118/bills/hr8282/BILLS-118hr8282eh.pdf
[43] Declaración de Política de la Administración (2/06/2024): https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/06/SAP-HR8282.pdf
[44] Departamento de Estado de Estados Unidos. Ending Sanctions and Visa Restrictions against Personnel of the International Criminal Court (2.04.21). Disponible en: https://www.state.gov/ending-sanctions-and-visa-restrictions-against-personnel-of-the-international-criminal-court/#:~:text=Today%2C%20President%20Biden%20revoked%20Executive,in%20connection%20with%20the%20Court
[45] Diakonia. The ICJ Advisory Opinion on Israel's Occupation of the OPT- Summary of Hearings (22/04/2024). Disponible en: https://www.diakonia.se/ihl/news/icj-advisory-opinion-israel-occupation-opt-hearings-summary/
[46] Orly Noy, At The Hague, Aharon Barak will play Dr. Jekyll to Israel's Mr. Hyde, +972 Magazine (10/01/2024). Disponible en: https://www.972mag.com/aharon-barak-the-hague-israel-genocide/
[47] ICJ, South Africa v. Israel, Verbatim Record (12.01.2024). Disponible en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240112-ora-01-00-bi.pdf
[48] Observations of the State of Israel on the request for additional measures under Article 75 (1) of the Rules of Court (15/02/2024). Disponible en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240215-wri-01-00-en-1.pdf
[49] Observations of the State of Israel on South Africa's Request for the indication of provisional measures and modification of the Court's prior provisional measures decisions (15/03/2024). Disponible en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240315-wri-01-00-en.pdf
[50] Public Redacted Version of "Israel's challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute" (23/09/2024), párrafo 124. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd180994066.pdf
[51] Id.
[52] Abridged Request for an Order Requiring an Article 18(1) Notice, and Staying Proceedings Pending Such a Notice (23/09/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd180994069.pdf
[53] Public redacted version of 'Order deciding on the United Kingdom's request to provide observations pursuant to Rule 103(1) of the Rules of Procedure and Evidence, and setting deadlines for any other requests for leave to file amicus curiae observations'. Nº: ICC-01/18. (27/06/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1808bb469.pdf
[54] Observaciones escritas de los Estados Unidos de América con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-300
[55] Observaciones con arreglo a la Regla 103(1) de las Reglas de Procedimiento y Prueba – República Federal de Alemania (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-307-corr
[56] Escrito de observaciones amicus curiae de la República Argentina (con arreglo a la Regla 103) (02/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-269
[57] Observaciones amicus curiae de Hungría con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-296
[58] Observaciones escritas amicus curiae con arreglo a la Regla 103 – República Checa (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-294
[59] Observaciones escritas de la República Democrática del Congo en virtud de la ordenanza del 27 de junio de 2024 por la que se establecen los plazos para las peticiones de autorización de presentación de las observaciones escritas (12/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-326
[60] Observaciones sobre (1) Jurisdicción y Complementariedad (2) Imprecisiones y Omisiones en las Solicitudes de la Fiscalía de Órdenes de Detención con arreglo a la Regla 103(1) de las Reglas de Procedimiento en nombre de las Organizaciones No Gubernamentales (5/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-272
[61] Euronews. Fact check: Where do EU countries stand on ICC's arrest warrant for Netanyahu? (03/12/2024). Disponible en: https://www.euronews.com/my-europe/2024/12/03/fact-check-where-do-eu-countries-stand-on-iccs-arrest-warrant-for-netanyahu
[62] Id.
[63] Id.
[64] Id.
[65] Times of Israel. Appealing ICC arrest warrants, Israel says court violated its own charter and rulings (15/12/2024). Disponible en: https://www.timesofisrael.com/appealing-icc-arrest-warrants-israel-says-court-violated-its-own-charter-and-rulings/
[66] IDI. The Majority of the Israeli Public Supports Establishing a State Commission of Inquiry into the Events of October 7 (29/08/2024). Disponible en: https://en.idi.org.il/articles/55785
[67] Global Affairs Canada. Joint Statement in support of the International Criminal Court (17/06/2024). Disponible en: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/06/joint-statement-in-support-of-the-international-criminal-court.html
[68] Observaciones Amicus Curiae del Reino de España con arreglo a la Regla 103 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-318
[69] Observaciones escritas de Irlanda con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-306
[70] Observaciones escritas de Noruega con arreglo a la Regla 103 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (05/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-264
[71] Observaciones escritas de Brasil con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-316-0
[72] Observaciones escritas de Colombia con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-299
[73] Observaciones escritas de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comoras, y Djibouti con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-309
[74] Observaciones escritas de Chile y México con arreglo a la Regla 103(1) de las Reglas de Procedimiento y Prueba (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-284
[75] Observaciones de la Organización para la Cooperación Islámica a la Sala de Cuestiones Preliminares con arreglo a la Regla 103 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (5/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-268
[76] Liga de Estados Árabes – Observaciones escritas con arreglo a la Regla 103 (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-282
[77] Observaciones amicus curiae de la Comisión Internacional de Juristas (de conformidad con la Regla 103 de las Reglas) (06/08/2024). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-311
[78] Escrito amicus curiae de los Titulares de Mandatos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (06/08/2024). Disponible en: Amicus Curiae Submission by the United Nations Mandate Holders of the Human Rights Council
[79] Rebecca Ingber. Mapping State Reactions to the ICC Arrest Warrants for Netanyahu and Gallant. Just Security (10/12/2024). Disponible en: https://www.justsecurity.org/105064/mapping-state-reactions-icc/
[80] JNS. Madrid boosts funding for ICC and UNRWA (01/12/2024). Disponible en: https://www.jns.org/madrid-boosts-funding-for-icc-and-unrwa/
[81] Belga News Agency. Belgium provides 5m funding to investigate war crimes in Israel and Palestine (8.11.2023). Disponible en: https://www.belganewsagency.eu/federal-government-provides-funding-to-investigate-war-crimes-in-israel-and-palestine