En 1998, la Corte Penal Internacional (CPI) adoptó el Estatuto de Roma, que no entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2002. Por aquel entonces, muy pocos pensaron que llegaría el momento en que el Estatuto sería aplicado a altos cargos israelíes para rendir cuentas por crímenes cometidos contra la población de los territorios palestinos ocupados desde 1967 y que incluyen la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y todo ello pese a que Israel no figura como Estado Parte en el Estatuto de Roma. Sin embargo, los defensores de los Derechos Humanos asumieron esta tarea y resolvieron emplear el principio de jurisdicción universal para persuadir a los Estados de exigir responsabilidades a los dirigentes israelíes sospechosos de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en los territorios palestinos ocupados[1].
Las organizaciones palestinas e internacionales de Derechos Humanos empezaron a investigar la forma en que la Corte podría ejercer su jurisdicción sobre los territorios palestinos ocupados y procesar a políticos y militares israelíes por su presunta implicación en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los palestinos. Se hizo evidente entonces que Palestina tendría que adherirse al Estatuto de Roma, sobre todo si quería sortear el poder de veto de Estados Unidos, que sabotearía cualquier intento del Consejo de Seguridad de la ONU de arrogarse las facultades conferidas en el artículo 13(b) del Estatuto para poder remitir el expediente de Palestina a la Corte[2].
Con la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma, el 2 de enero de 2015, se sentaron las bases de la competencia de la Corte para examinar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido el crimen de genocidio, cometidos en los territorios palestinos ocupados[3]. El 3 de marzo de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de una investigación sobre la situación en Palestina[4]. En respuesta, Yossi Cohen, jefe del Mossad, la agencia israelí de Inteligencia exterior, lanzó a Bensouda una amenaza directa para disuadirla de proseguir la investigación[5].
El 20 de mayo de 2024, el Fiscal de la CPI Karim Khan anunció la presentación de solicitudes de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra palestinos, en particular en la Franja de Gaza. Seis meses después, el 21 de noviembre de 2024, tras más de 410 días desde el inicio de la guerra de represalia de Israel contra la Franja de Gaza, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dictó órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y también Muhammad Diab Ibrahim al-Masri (alias "Muhammad Deif"), comandante en jefe de las Brigadas Qassam (brazo militar de Hamás); a su vez, acordó retirar las órdenes de detención contra Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza, e Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, tras confirmarse el fallecimiento de ambos[6]. La mayoría de los 124 Estados Partes en el Estatuto de Roma manifestaron su compromiso de aplicar la decisión de forma coherente con las obligaciones que les impone el Estatuto. Los dirigentes de algunos Estados anunciaron incluso que Netanyahu y Gallant serían detenidos si ponían un pie en sus territorios. Mientras tanto, los altos cargos israelíes manifestaron su agravio y discrepancia absoluta con la decisión y la Corte, al igual que la mayoría de sus homólogos estadounidenses, amenazando con imponer severas sanciones a los jueces de la Corte, así como a los países que cooperaran con ella[7].
Este documento presenta una visión general de la lucha de los defensores de los Derechos Humanos durante más de dos décadas para procesar ante la Corte Penal Internacional a aquellos autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los territorios palestinos ocupados con el fin de evitar la impunidad y lograr justicia para las víctimas. El documento analiza las posibles consecuencias de las órdenes de detención de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, incluidas las perspectivas de que rindan cuentas por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad contra palestinos, especialmente en la Franja de Gaza, donde la población palestina está siendo sometida a una guerra de represalia desde el 8 de octubre de 2023.
El fundamento legal de la jurisdicción de la CPI sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967
El artículo 12.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) permite a aquellos Estados que no forman parte del Estatuto aceptar la competencia de la CPI mediante una declaración presentada ante el secretario de la Corte referida a crímenes cometidos en su territorio o por uno de sus ciudadanos[8]. Bajo este fundamento, el Estado de Palestina se comprometió el 1 de enero de 2015 a presentar una declaración que aceptaba la competencia de la Corte con respecto a aquellos crímenes cometidos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967 (incluido Jerusalén Oriental), con efecto retroactivo desde el 13 de junio de 2014. El 2 de enero de 2015, el Estado de Palestina se incorporó al Estatuto de Roma tras presentar su instrumento de adhesión ante el secretario general de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 1 de abril de 2015.
Partiendo de la información disponible, el 16 de enero de 2015, la Fiscalía de la CPI inició una evaluación preliminar de la situación en Palestina, en clara muestra del fruto que empezaban a dar los esfuerzos de las organizaciones palestinas e internacionales de Derechos Humanos y de algunos Estados Partes en el Estatuto de Roma para que la Corte ejerciera su competencia territorial. El propósito de esta evaluación era determinar si se habían cumplido los criterios del Estatuto de Roma para abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en territorio palestino en virtud del artículo 53.1, que autorizaba a la Corte a examinar los crímenes que son de su competencia[9].
El 22 de mayo de 2018, el Estado de Palestina remitió la situación en el territorio palestino ocupado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda para su examen con efecto retroactivo desde el 13 de junio de 2014. Tras evaluar la información que obraba en su poder, Bensouda anunció el 20 de diciembre de 2019 la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado[10]. Sin embargo, en vista de las complejas cuestiones jurídicas relacionadas con la situación en Palestina y la incertidumbre sobre el alcance de la competencia territorial de la Corte, presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para ratificar que la competencia de la Corte se extendía a los crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado desde 1967 (la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental)[11]. El 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares confirmó que la jurisdicción de la Corte se extendía efectivamente al territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, dado que Palestina era un Estado Parte de la CPI en virtud del artículo 12(2) del Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares también explicó su carencia de autoridad para cuestionar el proceso de adhesión de Palestina ya aprobado por los Estados Partes[12]. Tras esta decisión, Bensouda anunció el 3 de marzo de 2021 la apertura de una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina[13].
A la luz de lo anterior, no existen fundamentos jurídicos que sustenten la alegación de Israel respecto a su ausencia de obligaciones para con la Corte Penal Internacional con el pretexto de que no es Estado Parte del Estatuto de Roma, ya que la pertenencia de Palestina a la CPI otorga a la Corte jurisdicción territorial sobre los territorios ocupados por Israel desde 1967 (Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental)[14]. Por extensión, la Corte tiene la facultad de examinar los crímenes cometidos en dichos territorios, especialmente los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra cometidos en la Franja de Gaza.
La decisión de la CPI indignó al estamento oficial israelí, que se percató de las consecuencias de la investigación, a saber, que necesariamente conllevaría la emisión de órdenes de detención contra cargos políticos y militares israelíes sospechosos de cometer graves crímenes contra los palestinos. Por ello, emprendieron una intensa campaña de desprestigio contra la CPI, cuestionando su credibilidad. La decisión de la Corte de abrir una investigación contra Israel por crímenes de guerra fue calificada por Netanyahu de antisemita y "el colmo de la hipocresía"[15]. El gobierno de Estados Unidos también se opuso con vehemencia a la decisión, alegando que la CPI no tenía jurisdicción en el asunto porque Israel no era Estado Parte en el Estatuto de Roma, y porque Palestina no era un Estado soberano y, por tanto, no reunía los requisitos para ser Estado miembro de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, estas alegaciones eran incompatibles con el Estatuto de la Corte y no estaban respaldadas por el derecho internacional[16].
El 17 de noviembre de 2023, una vez iniciado el ataque de represalia de Israel contra Gaza, la Fiscalía de la CPI recibió de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti –todos ellos Estados Partes en el Estatuto de Roma– una remisión relativa a la situación en el Estado de Palestina en la que se solicitaba la apertura de una investigación sobre la presunta perpetración por parte de Israel de los crímenes de genocidio[17], guerra[18], y lesa humanidad [19] contra los palestinos en los territorios ocupados[20]. Los Estados mencionados basaron su solicitud en el artículo 14 del Estatuto de Roma, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal de la CPI cualquier situación donde parezca haberse cometido uno o más crímenes de la competencia de la Corte; este artículo también permite a los Estados Partes en el Estatuto de Roma solicitar al fiscal de la CPI abrir una investigación para determinar si una o más personas concretas deben ser acusadas de dichos crímenes[21]. Al recibir la remisión, el fiscal de la CPI Karim Khan declaró que su investigación sobre la situación en el Estado de Palestina consideraría la escalada de hostilidades y violencia a partir de los atentados del 7 de octubre de 2023[22].
El 20 de mayo de 2024 –tras casi una década de lucha por extender la jurisdicción territorial de la Corte a la situación en Palestina–el Fiscal de la CPI Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte que emitiera órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023, incluido el delito de genocidio como crimen de lesa humanidad en virtud del artículo 7.1.b del Estatuto de Roma[23]. Khan también solicitó órdenes de detención contra Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por la presunta comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los territorios tanto de Israel como del Estado de Palestina (la Franja de Gaza) a partir del 7 de octubre de 2023[24].
Israel trató de adelantarse a la emisión de las órdenes de detención mediante la impugnación de la competencia de la CPI sobre el territorio palestino ocupado, argumentando que Palestina ni era Estado Parte en la CPI ni constituía un Estado según los criterios establecidos en el Estatuto de Roma. Sin embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la alegación de Israel sobre la falta de competencia de la Corte respecto al Estado de Palestina en virtud del artículo 19(2) del Estatuto de Roma. El motivo del rechazo se basaba en que cualquier impugnación del ejercicio de la competencia de la CPI no puede efectuarse hasta que esta haya emitido una orden de detención o de comparecencia, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma. Cualquier intento de impugnación de un Estado Parte respecto a la competencia de la Corte sobre la base del artículo 19 sería prematura. Por tanto, la Sala de Cuestiones Preliminares I rechazó la solicitud de Israel de que se le permitiera impugnar la solicitud del Fiscal de la CPI de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant[25]. No obstante, la Sala de Cuestiones Preliminares dejó claro que Israel tendría su oportunidad de impugnar la competencia de la Corte y/o la admisibilidad de cualquier caso concreto si la Sala de la CPI emitía una orden de detención o de comparecencia contra ciudadanos israelíes.
Finalmente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI accedió a la petición del fiscal, y el 21 de noviembre de 2024 –más de 410 días después de que comenzara la guerra de Israel contra Gaza el 8 de octubre de 2023, y seis meses después de que el fiscal anunciara el 20 de mayo sus solicitudes de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra– la Sala emitió las órdenes solicitadas[26]. El Tribunal había decidido en un primer momento mantener la confidencialidad de las órdenes de detención para proteger a los testigos y salvaguardar el avance de las investigaciones. Sin embargo, finalmente consideró más oportuno hacer pública la información, dado que la conducta que había servido de base para las órdenes de detención seguía en curso, y con la convicción de que sería en el mejor interés de las víctimas y sus familias ser informadas de la existencia de estas órdenes[27].
Crímenes cometidos en el contexto de la guerra de represalia de Israel contra la franja de Gaza
Desde su ocupación de los territorios palestinos en 1967, Israel ha aplicado políticas que conllevan graves violaciones de los derechos colectivos e individuales fundamentales garantizados por el derecho internacional, donde destacan el derecho a la autodeterminación, el derecho a la vida, la libertad y la dignidad, así como de propiedad y libertad de circulación. Estas políticas han permitido a Israel mantenerse como potencia ocupante, establecer un proyecto de colonización y un régimen de apartheid en todo el territorio ocupado mediante la constante perpetración de graves violaciones que equivalen a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra mediante: el ataque a la población civil con matanzas, hambre y traslados forzosos; la destrucción generalizada de infraestructuras; el apoderamiento ilegal de tierras para anexionárselas; y la construcción y ampliación de asentamientos, trasladando a colonos judíos para vivir en ellos. Se consolidan así sobre el terreno unas circunstancias difíciles de cambiar o revertir en el futuro.
Israel tomó represalias contra el ataque sorpresa lanzado por Hamás y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023, en la zona adyacente a la Franja de Gaza (la Envoltura de Gaza), con una campaña militar salvaje y sin precedentes contra los palestinos. Denominada por los responsables israelíes "guerra de las espadas de hierro", fue la séptima y más violenta guerra de agresión de Israel contra la Franja de Gaza desde que redesplegó sus fuerzas de ocupación fuera de Gaza en 2005[28]. Los dirigentes y responsables israelíes no ocultaron que la venganza era lo que motivaba su guerra. Al contrario, declararon de forma abierta y sin pudor su intención de arrasar la Franja de Gaza, reduciéndola a escombros e infligiendo el mayor número posible de víctimas entre la población civil.
El primer ministro Netanyahu expresó su ánimo vengativo contra Gaza y su población con total franqueza: "Los paralizaremos hasta la destrucción y nos vengaremos enérgicamente de este día negro que han traído sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos, y convertiremos todos los lugares donde Hamás se esconde y opera en ciudades destruidas". Y añadió: "Digo a los residentes de Gaza: salgan de allí ahora, porque nos moveremos por todas partes y con toda la fuerza"[29].
El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, fue aún más vehemente al afirmar las vengativas intenciones del gobierno israelí hacia Gaza y su pueblo cuando, el 9 de octubre de 2023, anunció la imposición de un asedio total a la Franja, ya sometida a un asfixiante bloqueo desde 2007. Afirmó con total claridad: "Ni hay alimentos, ni agua, ni electricidad, ni combustible... todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, y actuaremos en consecuencia"[30]. El general de división israelí retirado Giora Eiland pidió el bombardeo del hospital Al-Shifa y matar de hambre a la población de Gaza[31], mientras que el ministro de Energía, Yisrael Katz, alineado con el Likud, declaró: "No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de riego y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados estén libres"[32].
Los representantes israelíes también revelaron su intención de limpiar étnicamente la Franja de Gaza de palestinos y desplazarlos por la fuerza a Egipto o Jordania, a sabiendas de que más del 70% de ellos eran refugiados cuyas familias ya habían sido desplazadas a la fuerza durante la Nakba palestina de 1948. En una declaración a los medios de comunicación extranjeros en octubre de 2023, el portavoz de las fuerzas de ocupación israelíes ordenó a los palestinos que se dirigieran a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, mientras que Amir Weitmann, líder de la corriente liberal del partido Likud, pidió una coordinación internacional para trasladar a toda la población de la Franja de Gaza[33]. Empresarios influyentes exigieron que Gaza fuera arrasada y que Jordania y Egipto dispusieran de un plazo limitado para salvar las vidas de sus residentes y absorberlos en sus países[34]. El 13 de octubre de 2023, Israel ordenó a más de un millón de palestinos que evacuaran sus hogares en el norte de Gaza y se trasladaran a las zonas del sur, dándoles un plazo de seis horas para cumplir la orden [35] incluso mientras procedía a bombardear toda la Franja de Gaza, incluidas las zonas donde se habían congregado cientos de miles de desplazados. Esto confirmó que la ocupación viene acompañada de la intención de limpiar de palestinos la Franja de Gaza intensificando sus actos de asesinato, destrucción, intimidación y desplazamiento forzoso, e imponiendo a la población unas condiciones de vida tan terribles que rozan el genocidio.
Entre el 8 de octubre de 2023 y diciembre de 2024, es decir, en el transcurso de sus primeros 410 días, la actual guerra de represalias israelí contra la Franja de Gaza mató a 43.972 palestinos e hirió a otros 104.000[36], en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Esta agresión provocó el desplazamiento de 1,9 millones de residentes de la Franja, es decir, aproximadamente el 90% de la población total. Además, causó la destrucción total o parcial del 60% de sus viviendas, 493 de las 564 escuelas e instalaciones educativas y 19 de sus 36 hospitales, el resto de los cuales funcionan a medias[37].
Resulta evidente que la emisión de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI no surgió de la nada, sino que contaba con el respaldo tanto de la ley como de hechos concretos. El fiscal de la CPI solicitó órdenes de detención a la Sala de Cuestiones Preliminares por su implicación en la comisión de dos de los cuatro crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, es decir, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra[38].
1. Crímenes contra la humanidad
Las acciones perpetradas por las fuerzas de ocupación israelíes en el contexto de la guerra contra Gaza, a manos de los cargos civiles y militares de más alto rango del Estado ocupante, constituyen un crimen de lesa humanidad tal y como queda definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque se producen en el contexto de un ataque sistemático y de gran alcance contra la población civil, con conocimiento del ataque, sus dimensiones y sus resultados[39]. Estos actos adoptan la forma de asesinato y exterminio deliberados pues limitan de un modo consciente las condiciones de vida de la población –denegando, por ejemplo el acceso a alimentos y medicinas– con el fin de destruir a un gran número de ellos. También incluyen el destierro o traslado forzoso de la población a expensas del Derecho Internacional; la persecución continuada de la población de la Franja de Gaza debido a su identidad palestina, con privación intencionada y extrema de los derechos básicos garantizados por el Derecho Internacional; y, por último, el apartheid, que es un crimen contra la humanidad cometido por parte de un régimen institucionalizado basado en la opresión y el control sistemáticos con el fin de mantener y perpetuar la dominación israelí sobre los palestinos, sobre todo en la Franja de Gaza[40].
2. Crímenes de guerra
Los ataques militares israelíes contra la Franja de Gaza y su población pueden calificarse de graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y del primer Protocolo Adicional de 1977[41], y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Estas acciones equivalen a crímenes de guerra cometidos a gran escala como parte de una política sistemática que: adopta la forma del asesinato deliberado; declara que nadie sobrevivirá; lanza un ataque a sabiendas de que causará víctimas civiles, sufrimientos intensos o lesiones corporales graves; dirige ataques intencionados contra objetivos civiles de carácter no militar con el objetivo de lograr una destrucción generalizada de dotaciones no militares; obliga al desplazamiento ilegal de la población; atenta contra lugares religiosos, educativos, artísticos y científicos, hospitales y lugares de reunión de enfermos y heridos sin ser estos objetivos militares; destruye estructuras, materiales y unidades médicas; mata de hambre de manera consciente a la población civil privándola de los objetos indispensables para su supervivencia; e incluso obstruye a propósito el acceso de los suministros de socorro en la forma estipulada[42].
Al solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, el fiscal de la CPI Karim Khan no hizo ninguna referencia explícita a que fueran sospechosos de haber cometido el delito de genocidio en la Franja de Gaza. Sin embargo, las violaciones que se venían cometiendo desde el inicio de la guerra alcanzaron altas cotas de gravedad y barbarie, en una clara violación del artículo 6 del Estatuto de Roma. En este artículo, el genocidio se define como el conjunto de actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo que incluye matar a miembros del grupo, causar lesiones corporales o mentales graves a sus miembros o someterlos deliberadamente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; características ratificadas por la mayoría de juristas y expertos en Derecho Internacional y Derechos Humanos[43].
En marzo de 2024, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, concluyó que había motivos razonables para creer que Israel había cometido actos de genocidio en la Franja de Gaza.[44] En un informe posterior, publicado en octubre de ese mismo año, afirmó que el genocidio actual en la Franja de Gaza formaba parte de un proyecto de colonización de Palestina con ya un siglo de duración, que constituía una mancha en el orden internacional y en la humanidad, y al que debía ponérsele fin tras su investigación y enjuiciamiento por la Corte Penal Internacional.[45]
Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, definen el genocidio como el conjunto de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso[46]. Según esta definición, puede afirmarse que las prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes, que coincidieron con los llamamientos de las autoridades y dirigentes israelíes para reducir la Franja de Gaza a escombros y cortar los alimentos, el agua, la electricidad y otros suministros básicos necesarios para la supervivencia humana, se ajustan al delito de genocidio. Se da la presencia, por tanto, de una intención de castigar a toda la población de Gaza privándola de cada una de sus necesidades básicas, causándole graves daños físicos o mentales, o infligiéndole deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción total o parcial[47]. Así lo indicó Francesca Albanese, relatora especial independiente de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, en su informe periódico, donde afirmaba que existían motivos razonables para creer que se había cometido el delito de genocidio contra los palestinos de Gaza. En este informe se instaba a la comunidad internacional a garantizar el cumplimiento por parte de Israel y de los Estados terceros de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio[48].
Consecuencias legales de las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y deberes de los Estados Partes del Estatuto de Roma
Las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant como sospechosos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza supusieron un "bombazo jurídico" que las autoridades israelíes vieron como una afrenta. La oficina de Netanyahu las calificó de antisemitas, comparándolas con un "moderno juicio Dreyfus", y Gallant señaló que las órdenes de detención "serían recordadas por toda la eternidad", porque colocaban al mismo nivel al Estado de Israel y a los dirigentes de Hamás, "dando así legitimidad al asesinato de niños, la violación de mujeres y el secuestro de ancianos de sus hogares"[49].
El Estado de Palestina elogió la decisión de la CPI, calificándola de restablecimiento de la esperanza y la confianza en el Derecho Internacional y sus instituciones, y en la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. Esta decisión llegó especialmente en un momento en que el pueblo palestino estaba siendo sometido a genocidio y crímenes de guerra como la inanición masiva forzada, y crímenes de lesa humanidad en forma de asesinato, persecución, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos. El Estado de Palestina pidió que esta decisión llevara al comparecimiento de los fugitivos internacionales Netanyahu y Gallant ante la justicia mundial y a la ruptura de cualquier vínculo con ellos[50].
En cambio, las posturas adoptadas por muchos países, especialmente Estados occidentales que son Partes en el Estatuto de Roma, fueron vagas y vacilantes. Esto parece deberse a la política de apoyo y favoritismo casi absoluto de que goza Israel en Occidente, a pesar incluso de sus infracciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Países como Eslovenia, Austria, Irlanda, España, Bélgica y Países Bajos declararon explícitamente que ejecutarían las órdenes de detención y detendrían a Netanyahu y Gallant si pisaban su territorio, mientras que la República Checa y Hungría anunciaron que no las ejecutarían, y las posturas de Alemania, Italia y Francia fueron más ambiguas y confusas[51]. En cuanto a los representantes estadounidenses, estos siguieron lanzando acusaciones contra la Corte y profiriendo amenazas contra los magistrados de la CPI y su fiscal. Mike Waltz, el nominado de la Administración Trump entrante para el puesto de asesor de Seguridad Nacional, rechazó las órdenes de detención internacionales emitidas contra Netanyahu y amenazó con una respuesta contundente en enero[52], mientras que el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, envió una carta de apoyo a Netanyahu, invitándole a realizar una visita diplomática a su país a pesar de que Hungría es Estado Parte del Estatuto de Roma[53].
La mayoría de los países de la UE mostraron su respeto por la decisión de la Corte, en cumplimiento de sus obligaciones como Partes en el Estatuto de Roma. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó que la decisión de la CPI no había sido política y que debía respetarse y aplicarse[54]. Asimismo, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, afirmó que, en caso de pisar Irlanda, Netanyahu sería detenido[55], mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, donde se encuentra la sede de la CPI, aseguró que su país respetaría la decisión y detendría a Netanyahu y Gallant si entraban en territorio holandés[56].Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó la importancia de que todo el mundo respete el Derecho Internacional y añadió que Canadá acataría las sentencias de los tribunales internacionales[57]. En cuanto al gobierno británico, este se negó a declarar explícitamente si detendría o no a Netanyahu y Gallant[58] en caso de que pisaran territorio británico, limitándose a decir que cumpliría con las obligaciones legales estipuladas en el derecho nacional e internacional; por ello, los parlamentarios británicos han instado a su gobierno a respaldar abiertamente las órdenes de detención de la CPI contra Netanyahu y Gallant[59].
Poco después de conocerse la decisión de la CPI, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia declaró que la orden de detención contra Netanyahu se tramitaría de conformidad con el Estatuto de Roma. Sin embargo, se abstuvo de decir si Francia lo detendría si entraba en territorio francés, alegando que la cuestión era jurídicamente compleja, lo que revela la reticencia del gobierno francés a anunciar inequívocamente que ejecutaría las órdenes de detención conforme a sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma[60]. El Gobierno francés reiteró su posición al respecto cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores francés anunció el 27 de noviembre de 2024 que el primer ministro israelí Netanyahu gozaba de inmunidad ante la CPI, alegando que estaba incluido en las normas de inmunidad que se aplican a los Estados no Partes en la CPI, señalando el compromiso de Francia con la justicia internacional y afirmando que la decisión correspondería en última instancia a las autoridades judiciales[61].
A la luz de lo anterior, algunos Estados Partes, como Alemania, Francia y el Reino Unido, parecen decididos a eludir sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma en lo que respecta a los procedimientos de detención de conformidad con el artículo 59, que les obliga a tomar medidas inmediatas para detener a los sospechosos de acuerdo con sus leyes nacionales, y con las disposiciones de la Parte IX del Estatuto (artículos 86 a 102), que garantiza la plena cooperación con la Corte en sus investigaciones y el procesamiento de los crímenes.
La situación descrita pone en entredicho la credibilidad de la Corte, que se ve sometida a las políticas de las grandes potencias, sean o no Partes en el Estatuto de Roma. Nos encontramos así ante el fracaso de casi dos décadas de denodados esfuerzos realizados por las organizaciones palestinas e internacionales de Derechos Humanos para obligar a los Estados, especialmente a los europeos, a procesar a los sospechosos de cometer crímenes en los territorios palestinos ocupados ante sus tribunales nacionales, de conformidad con el principio de jurisdicción universal, que les obliga a ejercer su jurisdicción fuera de sus fronteras territoriales. Dicha jurisdicción incluye los procesos penales relacionados con delitos graves cometidos fuera del territorio de un Estado, independientemente del lugar donde se hayan producido o de la nacionalidad del autor o la víctima. Por desgracia, la experiencia en esta cuestión ha demostrado la falta de voluntad política de los países europeos, así como su incapacidad para cumplir con sus obligaciones internacionales de perseguir a los delincuentes cuando se trata de Israel, al que se confiere un trato que parece situarlo por encima de la ley. Esta tesitura echa por tierra las pretensiones de aquellos Estados que afirman trabajar para proteger la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
Conclusión
En este documento se han analizado los esfuerzos realizados por los defensores de los Derechos Humanos palestinos y la Autoridad Palestina durante más de diez años para que Palestina pudiera adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto permitió que la CPI pudiera ejercer su jurisdicción sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967 y, en última instancia, procesar a los sospechosos de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en esos mismos territorios. También se han enunciado los obstáculos políticos y técnicos a estos esfuerzos y las formas en que fueron superados. Se estudia la decisión adoptada por el fiscal de la CPI en 2021 de abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en Palestina, y cómo se pidió a la CPI, en mayo de 2024, que emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant como sospechosos de haber cometido crímenes internacionales bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma de la CPI.
Se han destacado las competencias de la CPI para procesar a los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los territorios palestinos ocupados desde 1967, y las implicaciones de las órdenes de detención dictadas contra Netanyahu y Gallant como un paso vital para poner fin a la impunidad de la que han disfrutado durante tanto tiempo los altos cargos israelíes, y para lograr justicia para las víctimas. La cuestión fundamental que se plantea aquí con respecto a las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, así como otros altos cargos israelíes, contra los que también se hayan dictado o puedan dictarse en el futuro órdenes similares, es la siguiente: ¿hasta qué punto estarán dispuestos los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI a cumplir sus obligaciones de detener y procesar a los acusados, evitando así la impunidad y logrando una verdadera justicia para sus víctimas?
* Este trabajo fue publicado originalmente por el Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS). Puede consultarse aquí.
Las ideas expresadas en este documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente la postura del CEARC.
Crédito de imagen: ACRPS
Notas y referencias
[1] Comité Internacional de la Cruz Roja, "Alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal: Declaración del CICR ante las Naciones Unidas: 2015", consultado el 14/07/2024, en:https://acr.ps/1L9zQCb
[2] Naciones Unidas, "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)," consultado el 20/09/2024, en: https://acr.ps/1L9zQQl
[3] Corte Penal Internacional, "La CPI da la bienvenida a Palestina como nuevo Estado Parte," 01/04/2015, consultado el 24/05/2024, en: https://acr.ps/1L9zQlz
[4] El 1 de enero de 2015, el Gobierno de Palestina presentó una declaración en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la que afirmaba que, desde el 13 de junio de 2014, aceptaba la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. El 2 de enero de 2015, Palestina se adhirió al Estatuto de Roma presentando su instrumento de adhesión ante el secretario general de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 1 de abril de 2015.
[5] Corte Penal Internacional, "Declaración de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre la investigación de la situación en Palestina," 01/04/2015, consultado el 24/05/2024, en:https://acr.ps/1L9zQt4
[6] Corte Penal Internacional, "Situación en el Estado de Palestina: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dicta una orden de detención contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif)," 21/11/2024, consultado el 25/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zRdG
[7] "Netanyahu debatirá las órdenes de La Haya, mientras en Israel prefieren esperar a Trump: 'Planea sanciones infernales'," Ynet, 25/11/2024, (original en hebreo) consultado el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQuP
[8] Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), artículo 12(3). Consultado el 02/08/2024 (original en árabe), en: https://acr.ps/1L9zRbD
[9] Ibid., artículo 53.
[10] Corte Penal Internacional, "Declaración de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda sobre la conclusión del examen preliminar de la situación en Palestina y la búsqueda de un fallo sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte" (original en inglés), 20/12/2019, consultado el 20/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQSC
[11] Corte Penal Internacional, "Preguntas y respuestas sobre la decisión relativa a la competencia territorial de la Corte Penal Internacional en la situación en Palestina" (original en inglés), febrero de 2021, consultado el 22/07/2024, en: https://acr.ps/1L9zRkc
[12] Corte Penal Internacional, "Preguntas y respuestas sobre la decisión relativa a la competencia territorial de la Corte Penal Internacional en la situación del Estado de Palestina" (original en inglés), 15/02/2021, consultado el 23/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zRkc
[13] Corte Penal Internacional, "Declaración de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda sobre la investigación de la situación en Palestina" (original en inglés), 03/03/2021, consultado el 04/08/2024, en: https://acr.ps/1L9zQt4
[14] Corte Penal Internacional, "Preguntas y respuestas".
[15] Gov.il, Gabinete del primer ministro, "Declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la decisión de la CPI", 03/03/2021, (en inglés) consultado el 05/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQXL
[16] Embajada de Estados Unidos en Israel, "Estados Unidos se opone a la investigación de la CPI sobre la situación palestina", 03/03/2021, consultado el 07/11/2024 (en inglés), en: https://acr.ps/1L9zQw6
[17] Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, 17/07/1998, artículo 6, consultado el 08/09/2024 (original en inglés), en: https://acr.ps/1L9zR4Q
[18] Ibid., artículo 7.
[19] Ibid., artículo 8.
[20] Embajada de Sudáfrica, "Remisión de un Estado Parte de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", 17/11/2023, consultado el 07/08/2024 (original en inglés), en: https://acr.ps/1L9zQtT
[21] Corte Penal Internacional, "Declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan KC, sobre la situación en el Estado de Palestina: Recepción de una remisión de cinco Estados Partes", (original en inglés), 17/11/2023, consultado el 24/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zRbW; Naciones Unidas, Estatuto de Roma, artículo 13(a), 14.
[22] Ibid.
[23] Corte Penal Internacional, "Declaración del fiscal de la CPI Karim A. A. Khan KC: solicitudes de órdenes de detención respecto a la situación en el Estado de Palestina" (original en inglés), 20/05/2024, consultado el 09/08/2024, en: https://acr.ps/1L9zPE6
[24] Ibid.
[25] Corte Penal Internacional, "Decisión sobre la impugnación por Israel de la competencia de la Corte de conformidad con el artículo 19 (2) del Estatuto de Roma, Decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, 01/18-374," 21/11/2024, consultado en inglés el 28/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zRdk
[26] Corte Penal Internacional, "Situación en el Estado de Palestina: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechaza las impugnaciones de competencia del Estado de Israel y dicta órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant," 21/11/2024, consultado en inglés el 21/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQm2
[27] Ibid.
[28] "Las guerras más destacadas de Israel en la Franja de Gaza," Al Jazeera, 28/07/2024, consultado el 12/08/2024, en: https://acr.ps/1L9zR0T (original en árabe). Véase "La guerra de las espadas de hierro," Hamkhalul (página web), consultado el 12/08/2024, en: https://acr.ps/1L9zQBl (original en hebreo)
[29] "Netanyahu: Nos vengaremos de Hamás por este día negro", News 1, 10/07/2023, consultado el 14/08/2024, en: https://acr.ps/1L9zQVW
[30] "Declaración del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant", Knesset TV TikTok, consultado el 13/08/2024, en: https://bitly/3s5bXLM
[31] "Hay que bombardear el hospital Al-Shifa y matar de hambre a la población de Gaza", Rotter [Comunidad del Foro de Israel], 10/10/2023, consultado el 24/12/2024, en: https://bit.ly/48PwiVR (original en hebreo)
[32] Bethan McKernan, "No habrá electricidad, agua ni combustible en Gaza hasta que se libere a los rehenes, según un ministro israelí", The Guardian, 12/10/2023, consultado en inglés el 31/12/2024, en: https://acr.ps/1L9zQMQ
[33] "Plan para transferir población de Gaza a Egipto: El líder liberal del Likud propone un plan sistemático para trasladar a los habitantes de Gaza a Egipto, considerando que la limpieza de la Franja no interesa sólo a Israel", Channel 7 (israelí), 12/10/2023, consultado el 14/08/2024, en: https://bitly/3rOEAwX
[34] "Un empresario de alta tecnología propone: "No basta con derrocar a Hamás, hay que arrasar Gaza"", Globes (periódico israelí), 15/10/2023, consultado el 16/06/2024, en:https://bitly/3PZn8O3
[35] "Israel ordena a 1,1 millones de personas de Gaza que se desplacen al sur: lo que hay que saber", Al Jazeera. 13/10/2023, en https://acr.ps/1L9zQMz
[36] Cabe señalar que, según numerosos expertos, el número real de víctimas mortales es con toda seguridad muy superior a esta cifra si se tienen en cuenta las muertes por inanición y deshidratación, las muertes de personas cuyos cadáveres no han podido ser identificados, las personas enterradas en fosas comunes, las muertes por afecciones médicas no tratadas y las decenas de miles de personas enterradas bajo los escombros. Véase:
https://www.youtube.com/watch?v=n8dlJa2lk8I&ab_channel=KatieHalper; y Susan Abulhawa, "Las matemáticas demuestran que los objetivos declarados de Israel son una mentira épica", Electronic Intifada, 27/06/2024, consultado (original en inglés) el 02/01/2025, en: https://electronicintifada.net/content/math-proves-israels-stated-goals-are-epic-lie/47371
[37] Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Instantánea del impacto registrado en la Franja de Gaza (19/12/2024), 19/11/2024, consultado el 24/11/2024, en:https://acr.ps/1L9zRet
[38] Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, artículo 5.
[39] Ibid., artículo 7.
[40] Ibid.
[41] Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949, artículo 147, consultado el 28/10/2023, en: https://acr.ps/1L9zR6G
[42] La Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.
[43] Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, artículo 6.
[44] Naciones Unidas, Asamblea General, "Anatomía de un genocidio: informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese", A/HRC/55/73 de 2024, consultado en inglés el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zR2B
[45] Naciones Unidas. "A/79/384: Informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese - El genocidio como eliminación colonial", 01/10/2024, consultado en inglés el 26/11/2024 en: https://acr.ps/1L9zQwy
[46] Comité Internacional de la Cruz Roja, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 09/12/1948, artículo 2, consultado el 24/12/2024, en: https://acr.ps/1L9zQrS; Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, artículo 7 (1) (b).
[47] Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma.
[48] Naciones Unidas, Informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, A/HRC/55/73, 25/03/2024, consultado en inglés el 20/8/2024, en: https://acr.ps/1L9zRbH
[49] Gallant sobre la orden de detención dictada contra él. Véase: "La decisión del tribunal será recordada eternamente", Srugim (página web), 21/11/2024, consultado el 24/12/2024, en:https://acr.ps/1L9zQrO (original en hebreo)
[50] "El Estado de Palestina celebra la decisión de la "Corte Penal Internacional" de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant", Wafa - Agencia Palestina de Noticias e Información, 21/11/2024, consultado el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQWH (original en árabe)
[51] "Orden de detención contra Netanyahu: ¿dónde puede ir todavía en Europa?", Politico, 22/11/2024, consultado en inglés el 27/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zR9d
[52] "El nominado de Trump para consejero de Seguridad promete una "respuesta contundente" a la CPI", JNS - Sindicato Judío de Noticias, 21/11/2024, consultado el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQAJ
[53] Krisztina Than e Ingrid Melander, "Orban invita a Netanyahu a Hungría mientras la orden de detención de la CPI divide a los europeos", Reuters, 22/11/2024, consultado en inglés el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQI0
[54] Stephanie van den Berg y Nidal Al-Mughrabi, "La CPI emite órdenes de detención contra los israelíes Netanyahu y Gallant y contra el líder de Hamás", Reuters, 22/11/2024. consultado en inglés el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQVt
[55] "Irlanda detendría a Netanyahu por orden de la CPI, según el primer ministro", Reuters, 22/11/2024, consultado en inglés el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQRO
[56] "EE.UU. rechaza la orden de detención de Netanyahu ante la CPI y Hamás lo celebra mientras llegan las reacciones" The Jerusalem Post, 21/11/2024, consultado el 21/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQkm
[57] "Reacción a las órdenes de detención de la CPI contra dirigentes israelíes y de Hamás", Observatorio de Oriente Próximo/Reuters 21/11/2024, consultado en inglés el 21/11/2024, en:https://acr.ps/1L9zQvd
[58] "Diputados británicos instan al Gobierno a respaldar la orden de detención de la CPI contra Netanyahu y Gallant", Observatorio de Oriente Próximo, 21/11/2021, consultado en inglés el 26/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQp5
[59] "Downing Street indica que Netanyahu sería detenido en el Reino Unido tras la orden de detención de la CPI", Sky News, 22/11/2024, consultado en inglés el 27/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zQi8
[60] "Francia dice estar estudiando las implicaciones jurídicas de la orden de detención de Netanyahu por la CPI", DH - Deccan Herald, 21/11/2024, consultado el 27/11/2024, en: https://acr.ps/1L9zR2u
[61] Ibid.
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