Resumen
El presente documento analiza el debate jurídico sobre la relevancia y la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger (RdP) a la Franja de Gaza y a los Territorios Palestinos Ocupados. El documento argumenta que se han descartado algunas cuestiones de este debate jurídico, como por ejemplo, si la RdP se aplica a un territorio ocupado y a una población sobre la que el ocupante no ejerce control sobre el terreno, mientras que la población ocupada no tiene ni Estado ni soberanía. El debate jurídico también pasa por alto que la RdP requiere la aprobación del Consejo de Seguridad sin ningún veto. En consecuencia, se elude la cuestión de la autoridad apropiada para autorizar la RdP e intervenir. La presunta imposibilidad de que Estados Unidos y sus aliados en el Consejo de Seguridad permitan la aplicación de la RdP en Gaza y los sesgos basados en intereses, políticos e ideológicos que respaldan esta postura vacían de contenido el debate jurídico. Sin embargo, en este debate sobre la RdP en Gaza, no parece haber nada sólido en lo que basarse, a pesar de la urgente necesidad de aplicar el principio tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.
De Libia a Gaza: ¿Dónde ha quedado la RDP?
En un artículo publicado en el sitio web de Al Jazeera, "¿Dónde está la Responsabilidad de Proteger en Gaza"[1], Abdelwahab El-Affendi denuncia a quienes ayer defendían la RdP ‒concretamente a Estados Unidos y los países europeos‒ y hoy se han convertido en los más fervientes animadores de la guerra genocida emprendida por el Estado de ocupación israelí contra la población civil de la Franja de Gaza a pesar de las advertencias y los informes de que la región se encuentra "al borde de una catástrofe humanitaria" y los llamamientos a favor de un alto el fuego inmediato[2]. El Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger es una de las fuentes más destacadas de estos llamamientos, y casi todas ellas clasifican explícitamente las atrocidades de la guerra israelí en varias casillas muy parecidas: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, desplazamiento forzado, depuración étnica y castigo colectivo. Estas denominaciones también se utilizan en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptó el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, concretamente bajo el subtítulo "Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad"[3]. Pero Estados Unidos y sus aliados europeos persisten en calificar todos esos actos de "legítima defensa" y se limitan a abogar por "una pausa humanitaria" [4]. Lo que quieren decir con esta ridícula formulación no es una tregua, sino literalmente un breve respiro para dejar que las fuerzas de ocupación israelíes recuperen el aliento antes de reanudar sus acciones agresivas.
Es evidente que el cumplimiento y la aplicación de las normas del derecho internacional son selectivos y están sujetos a un doble rasero. La RdP no es una excepción. Es de sobra conocido que, cuando se trata de la conducta de las grandes potencias en política internacional, la invocación o exclusión de estas normas es una mera cuestión de intereses políticos y económicos. Examinando cada uno de los casos en los que se ha invocado la RdP, se puede deducir fácilmente el contexto y las justificaciones pertinentes, ya se trate de Darfur, Costa de Marfil, Yemen o Libia. Lo mismo se aplica a los casos en los que se ha descartado, en Siria, Myanmar o la Palestina ocupada. Pero la Palestina ocupada es otra historia.
Al comentar el caso de Libia en 2011, El-Affendi se refiere a las preocupaciones expresadas por Rusia y China, que temían que la RdP sirviera de cobertura para una intervención militar internacional y de preludio para un cambio deliberado de régimen en lugar de imponer la paz[5] y proteger a los civiles. En efecto, esto es lo que ocurrió. Ahmed Qassem Hussein y yo mismo[6] hemos argumentado anteriormente que investigar las razones de la intervención temprana de la OTAN en Libia en marzo de 2011 es una distracción. La pregunta que debe hacerse no es: "¿Por qué se produjo la intervención?" sino: "¿Con qué fin?" Fuimos testigos de cómo la intervención militar en Libia avivó la guerra civil en lugar de extinguir la chispa inicial. La responsabilidad asumida por los llamados representantes de la comunidad internacional en aquel momento no era proteger a los civiles, sino proteger a una parte concreta de un conflicto civil naciente frente a otra. La protección de los civiles no fue más que un pretexto.
Conviene recordar que el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), que sentó las bases del principio de la responsabilidad de proteger, subrayaba bajo el epígrafe de "intención correcta" que "el propósito fundamental de la intervención debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. Todo uso de la fuerza militar que desde un principio tenga por objetivo, por ejemplo, modificar las fronteras o promover las reivindicaciones de autodeterminación de un grupo beligerante carecerá de justificación. Tampoco el derrocamiento de un régimen es de por sí un objetivo legítimo"[7].
Desde el punto de vista de los defensores de la RdP, que hoy no se encuentran en ninguna parte, Libia es un caso ejemplar[8] de la aplicación de la RdP y, de hecho, el único caso desde la adopción del principio en 2005[9]. Para ellos, todas las preguntas se reducen a una sola: ¿Se aplica el texto legal al caso en cuestión? Y la respuesta se reduce igualmente a un simple sí o no. Esto les lleva a considerar Libia como un caso de manual, mientras que descartan el caso palestino con la afirmación de que "el principio no se aplica". Esta adhesión fanática a la literalidad de la ley no solo niega su espíritu, sino también su finalidad teleológica moral y normativa, que es la justicia.
Notas sobre un ejemplo de debate sobre la responsabilidad de proteger en Gaza
Durante un simposio organizado por el Middle East Centre de la London School of Economics durante la guerra israelí contra Gaza en julio de 2014[10], se plantearon las siguientes preguntas a los participantes: "¿Se aplica la Responsabilidad de Proteger (RdP) a los civiles en Palestina e Israel? ¿Por qué se ha descuidado la RdP en el contexto del conflicto palestino-israelí? ¿Quién tiene la responsabilidad de proteger a los civiles en esta guerra en curso? ¿Es relevante la pérdida asimétrica de vidas entre civiles israelíes y palestinos? ¿Es la RdP un marco útil para el conflicto?"[11]. A continuación, resumiré las intervenciones más significativas.
Megan Schmidt[12] lleva el debate a la cuestión del estatuto jurídico de Gaza: "¿Qué entidades tienen autoridad de gobierno y responsabilidad sobre la población de Gaza?". Aunque reconoce que "la cuestión de la autoridad de gobierno sobre Gaza es muy compleja" (no profundiza en el origen de esta complejidad, sino que simplemente la reconoce y sigue adelante), vincula la aplicabilidad de la RdP a Gaza con su estatus jurídico. Para empezar, señala que la aplicabilidad de la RdP no anula las obligaciones de las partes en conflicto establecidas en el Derecho Internacional Humanitario y consuetudinario. Schmidt parece saber de antemano la respuesta a su pregunta o estar preparando al lector para la conclusión de que la RdP no es aplicable. Sin embargo, podría "proporcionar un marco adicional para comprender la crisis, así como una herramienta adicional para la defensa por parte de los actores que tratan de dar prioridad a la protección de los civiles". También desde el inicio, Schmidt declina abordar la cuestión de si la Franja de Gaza es un territorio ocupado o una entidad independiente ‒como si tuviera que ser una cosa o la otra‒ y decide en su lugar evaluar la aplicabilidad de la norma de la RdP en cada uno de estos dos casos. Tras probar los consabidos argumentos y contraargumentos, Schmidt concluye: "Si se acepta el estatus de Gaza como territorio ocupado, la responsabilidad de proteger a la población de Gaza recaería tanto en la potencia ocupante, Israel, como en la autoridad de facto, Hamás". Y añade: "El grado de responsabilidad de cada una de las partes de proteger a la población de Gaza vendría determinado por la prueba del 'control efectivo', es decir, el grado de capacidad de cada una de las partes de aplicar una medida concreta para proteger a los civiles". Schmidt concluye su intervención estableciendo una clara equivalencia entre el sufrimiento continuado "de la población de Gaza e Israel, independientemente de que se aplique o no la RdP"[13].
David Rieff[14] distingue la cuestión de la aplicabilidad de la RdP a la guerra de Gaza de la cuestión de si ver el conflicto a través de la lente de la RdP es útil o contraproducente. A la primera, responde lo siguiente: "Simplemente no hay una respuesta absolutamente nítida" porque "la RdP solo se aplica a las guerras intraestatales. Sin embargo, como Gaza forma parte del Estado de Palestina reconocido internacionalmente, el conflicto entre Israel y Hamás es formalmente un conflicto interestatal". Rieff ignora que el reconocimiento del Estado de Palestina no impide que sea un territorio ocupado. De hecho, en la medida en que Palestina como Estado no ejerce ninguna forma de soberanía, el reconocimiento se solicitó como una afirmación de la existencia de la ocupación y la necesidad de adoptar una posición al respecto, así como a efectos de representación en las organizaciones internacionales. Es inconcebible que Rieff no lo sepa, lo que hace el hecho de no considerar este punto nada inocente. Por el contrario, afirma que "se puede argumentar con rotundidad que Israel sigue siendo la potencia ocupante de facto", pero "aun asumiendo que la RdP se aplique a la última oleada de enfrentamientos en Gaza, las desventajas de ver los acontecimientos en Gaza a través de su prisma deberían ser obvias". Por tanto, sin ampliar los argumentos que cita (incluyendo que Israel es una potencia nuclear y que Estados Unidos vetaría cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre una intervención armada en virtud de la RdP), la intervención de Rieff se convierte en un alegato contra el principio en su totalidad. Incluso si la RdP se utiliza únicamente como un "marco moral y legal para el conflicto", concluye que "simplemente no hay base para pensar que la RdP es un marco útil para nada"[15].
En su intervención, Simon Adams[16] afirma que "los ataques contra civiles y contra propiedades civiles en Gaza e Israel violan el Derecho Internacional Humanitario y pueden constituir crímenes de guerra". A continuación, califica explícitamente de crímenes de guerra los ataques "indiscriminados" con misiles por parte de "grupos armados palestinos a pesar de que la escasa precisión de los misiles y la eficacia del sistema de defensa israelí denominado 'Cúpula de Hierro' redujeron al mínimo el número de víctimas civiles israelíes". No describe las acciones militares israelíes, los bombardeos indiscriminados, ni la invasión terrestre de forma igualmente tajante y afirma únicamente que "hace falta una investigación completa e imparcial de los posibles crímenes de guerra que se hayan podido cometer" dirigida por Naciones Unidas. "Aunque Israel tenía derecho a defenderse de la lluvia de misiles que caía sobre sus ciudades, las cuestiones de la proporcionalidad y la distinción (discriminar entre objetivos civiles y militares) parecen haber sido violadas repetidamente por las fuerzas israelíes de defensa", escribe, y concluye que "tanto el gobierno israelí como Hamás tienen la responsabilidad de proteger a la población civil"[17].
La intervención de carácter más ofensivo, titulada "Gaza e Israel: Un caso de Derecho Internacional Humanitario, no de la RdP", corrió a cargo de James Rudolph[18]. Este autor también sostiene que la RdP no se aplica a los civiles de Gaza por varios motivos: en primer lugar, porque las acciones de Israel en Gaza no son constitutivas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o depuración étnica en virtud de la RdP; en segundo lugar, porque "ninguno de estos actos tiene lugar en el territorio de Israel" (para él, el lugar donde se producen las muertes no es menos importante que el número de víctimas); en tercer lugar, incluso si la autodefensa de Israel se ha vuelto excesiva, "esto tendría ramificaciones según las leyes de la guerra (…) en cualquier caso, se está dirigiendo a Hamás y Gaza. En otras palabras, ni Israel ni Gaza están haciendo un uso excesivo de la fuerza contra su propia población"; en cuarto lugar, "la comunidad internacional ha estado ayudando tanto a Israel como a los palestinos a cumplir sus obligaciones en virtud de la RdP", como demuestran los recientes acuerdos de alto el fuego. "En consecuencia, el uso de la fuerza, contemplado en el tercer pilar, es totalmente inapropiado en esta coyuntura, ya que debe utilizarse como último recurso después de que el Estado haya fracasado manifiestamente en la protección de su propia población". Para Rudolph, esto significa que la RdP no se ha aplicado y probablemente no se aplicará en este caso. Al igual que Adams, Rudolph hace una única referencia al respeto de los principios de distinción y proporcionalidad por parte de las fuerzas israelíes. Aunque señala que una cuestión clave es si la Franja de Gaza está bajo ocupación, desestima la cuestión con el siguiente comentario: "Resolver esto va más allá de los límites de este artículo, por lo que se asumirá que Gaza no está ocupada y que, por tanto, la RdP no es aplicable"[19].
Aidan Hehir[20] es la única voz tímidamente discordante[21]. Critica el silencio del Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger, la Coalición Internacional por la Responsabilidad de Proteger y el Centro Asia-Pacífico para la Responsabilidad de Proteger sobre cuestiones clave relacionadas con la aplicabilidad de la Responsabilidad de Proteger a la guerra israelí contra Gaza[22]. Hehir plantea la siguiente pregunta: "¿Está Gaza en Israel?". A partir de ahí, discrepa con el argumento de que la RdP no se aplica a la población de Gaza porque no se aplica a los conflictos interestatales. "Es un argumento extraño", prosigue, "y aún más extraña es la ferviente devoción que suscita". Los defensores de este punto de vista, reflejado en una declaración del Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger, sostienen que "Gaza se encuentra dentro del Estado de Palestina, reconocido por 134 Estados Miembros de Naciones Unidas". Por tanto, razona, "si Gaza no se considera parte de Israel, la RdP no se aplica a la protección de civiles fuera de las fronteras". Cuestionando la lógica de este argumento, Hehir se opone a la negativa a responder a las crisis basándose en "una estrecha interpretación técnica del alcance de la RdP". En respuesta, cita "la ambigüedad que rodea el estatuto del Estado de Palestina", a saber, que el propio Israel no lo reconoce como Estado independiente. Por tanto, no son válidos los argumentos de que la RdP no se aplica a los civiles palestinos en la medida en que se trata de un conflicto interestatal[23].
Entre fanatismo y agnosia
La pregunta tajante de si "¿es o no aplicable la RdP?" es el resultado natural de abordar un texto jurídico como si fuera un documento desprovisto de espíritu o propósito. Refleja una especie de agnosia (pérdida de la capacidad de reconocer objetos y personas o sonidos y formas). La RdP se aplica o no se aplica basándose en lo que Hehir denomina "una interpretación técnica estrecha". Pero antes de llevar a cabo el examen del texto jurídico, habría que conocer el impulso que lleva a considerar la aplicabilidad de la RdP y , sobre todo, el llamamiento a aplicarla. En la práctica, esto ha sido así en el pasado. La OTAN intervino militarmente en Yugoslavia cuando aún no existía el texto legal. Aunque la base de la intervención no fue la RdP como tal, las partes intervinientes actuaron en virtud de su responsabilidad de poner fin a las atrocidades, una responsabilidad que fue posteriormente afirmada por el principio de la RdP. (De hecho, la coalición fue acusada de violar la Carta de Naciones Unidas porque usó la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad)[24]. El impulso subyacente a la intervención fue la "preocupación" –usando la frase tantas veces repetida– por las violaciones a las que estaban siendo sometidos los civiles, utilizando la expresión común que, en el caso de Gaza, se ha convertido en un sentimiento de horror[25] por las atrocidades que están cometiendo las fuerzas de ocupación israelíes.
¿Cuándo se suprimen estos sentimientos de preocupación y horror, y en qué momento el llamamiento a actuar "de manera oportuna y decisiva", como dice el texto legal, se convierte en una disputa hueca sobre argumentos legales acerca de si se debe o no actuar? Sucede cuando se padece agnosia o cuando uno se niega deliberadamente a reconocer la realidad y pierde la capacidad de reconocer cosas (casas, escuelas, hospitales) destrozadas; personas (civiles) que están siendo exterminadas, sometidas a una depuración étnica y desplazadas por la fuerza; sonidos (de aviones de combate, lanzamisiles, artillería) que emanan de los bombardeos y voces (de civiles) que gritan bajo los bombardeos; y las inconfundibles formas del "genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad" que cita el texto. Cuando la agnosia se suma al fanatismo, el propósito moral y normativo del texto jurídico –la razón y el fin de su existencia– desaparece de la vista y el espíritu de la ley se disipa. En lugar de preguntarse: "¿Cómo se puede aplicar la RdP para proteger a los civiles?", la pregunta se plantea como: "¿Es siquiera aplicable el principio en este caso?" No importa que se demuestre que los civiles necesitan protección; lo más importante es si el texto legal se aplica a ellos o no.
Al analizar la aplicabilidad de la RdP, El-Affandi cita el artículo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, que establece: "Estamos preparados para emprender acciones colectivas, de manera oportuna y decisiva, mediante el Consejo de Seguridad (…) en caso de que los medios pacíficos sean inadecuados y las autoridades nacionales fracasen en proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad". Continúa: "El caso de Palestina encaja claramente en esta definición. Durante décadas, las 'autoridades nacionales' ‒en este caso, la potencia ocupante, Israel‒ han fracasado de forma manifiesta y reiterada a la hora de proteger a la población bajo su autoridad de las atrocidades enumeradas anteriormente. La situación actual en Gaza debería exigir también la aplicación de la RDP"[26]. Pero ¿el concepto de potencia ocupante es controvertido para aquellos cuya intervención se discute más arriba y para otros? No creo. Se trata más bien, de nuevo, de fanatismo ciego.
Se puede jugar indefinidamente al juego de los textos y argumentos jurídicos. Tomemos, por ejemplo, el argumento de que la RdP se aplica únicamente a las crisis intraestatales; la crisis de Palestina no es una crisis intraestatal sin ambigüedades, según el argumento, sino más bien un conflicto interestatal. La ambigüedad no es una falta de claridad; es la incapacidad de identificar lo obvio. Sin embargo, el artículo 139 no hace referencia alguna al hecho de que la intervención deba distinguir entre las atrocidades cometidas en el contexto de una crisis intraestatal o de una crisis entre dos (o más) Estados. Cuando el texto se refiere a la incapacidad manifiesta de las autoridades nacionales "para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad", no establece que, para que el texto legal se aplique, estos crímenes deben ser cometidos por partes dentro del Estado, ya sea la autoridad nacional u otros actores dentro del Estado. En otras palabras, ¿qué ocurre con las atrocidades cometidas por un Estado en el territorio de otro Estado de las que las autoridades de este último son incapaces de proteger a su población?
El mismo artículo jurídico se refiere a la obligación de la comunidad internacional de "ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad". Incluso si reconocemos que Palestina es un Estado o que la Franja de Gaza no está bajo ocupación israelí de iure, sino bajo la autoridad de facto de Hamás (estos son sus términos), la pregunta sigue en pie: ¿Y si le ayudamos a proteger a su población de las atrocidades cometidas por otro Estado (Israel)?
No estamos debatiendo aquí los defectos del texto legal, la insuficiencia de la RdP o las carencias de la legislación, sino simplemente resaltando su espíritu, siempre oscurecido por la devoción fanática al texto literal. La mayoría de las intervenciones comentadas anteriormente sostienen que la responsabilidad de proteger a los civiles palestinos en Gaza recae bien solo en Hamás, bien tanto en el Estado de ocupación israelí como en Hamás. Pero, ¿qué pasaría si Hamás fuera incapaz de proteger a los civiles bajo su autoridad? Vayamos más lejos: ¿Y si Hamás pudiera protegerlos pero no le preocupara hacerlo?[27]. Para nuestros interlocutores, esto es irrelevante. Lo que importa es que la letra del estatuto jurídico, sus términos y su formulación precisa permanezcan ordenados e intactos, a salvo de cualquier interpretación ética y normativa.
Asuntos que no se han debatido
En medio del dolor que invade el ambiente actual, puede ser un momento poco propicio para hablar de esperanza: la esperanza depositada en los estudiosos del Derecho Internacional y los emprendedores de normas que todavía se aferran a un compromiso moral y normativo genuino. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se descartan del debate jurídico sobre la aplicabilidad de la RdP al caso de Gaza:
- Además de este debate jurídico vacío, teñido de fanatismo y agnosia, para demostrar que la RdP es inaplicable al caso de Gaza, el debate no aborda la necesidad de reconsiderar el propio principio de la RdP y los textos jurídicos que lo sustentan. Aidan Hehir plantea tímidamente una cuestión que no se ha examinado aún relativa a la aplicabilidad de la RdP en las crisis interestatales[28], y en el proceso presenta implícitamente el conflicto entre el Estado ocupante israelí y la Palestina ocupada como un conflicto entre dos Estados. Sin embargo, esto no es lo que el debate ignora; más bien, la cuestión no planteada es si la RdP se aplica a un territorio y una población bajo ocupación que no representa el sentido convencional de ocupación, una ocupación en la que el ocupante no ejerce el control sobre el terreno, sino que los ocupados no tienen ni Estado ni soberanía.
- Todo el mundo reconoce que el problema de aplicar la RdP es que requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin ningún veto. El principio no se aplicó en Siria, aunque era aplicable, porque Rusia no lo permitió; no se aplicó en Myanmar, aunque era aplicable, porque China no lo permitió; y no se aplicará en Palestina, aunque aceptemos su aplicabilidad siguiendo el mismo razonamiento, porque Estados Unidos no lo ha permitido ni lo permitirá. De este modo, se elude la cuestión de la autoridad apropiada para autorizar la RdP e intervenir. ¿Dónde ha ido a parar la recomendación de la CIISE? La Comisión establece dos opciones alternativas si el Consejo de Seguridad rechaza una propuesta o no puede tratarla en un plazo razonable: 1) que la Asamblea General considere el asunto en una sesión especial de emergencia bajo el procedimiento llamado "Unidos por la Paz"; y 2) que las organizaciones regionales o subregionales, actuando dentro de sus jurisdicciones definidas, tomen medidas bajo el Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, siempre que soliciten posteriormente la autorización del Consejo de Seguridad[29].
- La CIISE siguió su recomendación con una advertencia al Consejo de Seguridad: "Si no cumple con su responsabilidad en situaciones que sacuden la conciencia y exigen una actuación, no es realista esperar que los Estados afectados descarten otros medios y formas de actuación para hacer frente a la gravedad y urgencia de estas situaciones"[30], como consecuencia de lo cual Naciones Unidas perdería su prestigio y credibilidad. La Comisión lanza dos mensajes pertinentes al Consejo de Seguridad. En primer lugar: "Si las organizaciones colectivas no autorizan intervenciones conjuntas contra regímenes que desprecian las normas más elementales que regulan un comportamiento gubernamental legítimo, seguramente se intensificarán las presiones en pro de la intervención ejercidas por coaliciones creadas ad hoc o por Estados concretos". En segundo lugar: "Si, ante la inacción del Consejo, una coalición ad hoc o un Estado concreto llevan a cabo una intervención militar que respeta efectivamente todos los criterios que hemos establecido y se ve coronada por el éxito –y la opinión pública mundial así lo estima– ello podría menoscabar de forma grave y duradera el prestigio y la credibilidad de las Naciones Unidas"[31]. Estas recomendaciones no surgieron del vacío, sino de los primeros casos de intervención militar emprendida con el pretexto de proteger a civiles sin mandato del Consejo de Seguridad, entre los que destacan la intervención de la CEDEAO en Liberia (1990) y en Sierra Leona (1998), y la intervención de la OTAN en Yugoslavia (1999)[32]. Irónicamente, la OTAN actuó sin consultar al Consejo de Seguridad precisamente porque Rusia habría vetado cualquier resolución que autorizara la intervención. Todos sabemos que nadie intervendrá para detener el exterminio de civiles en Gaza, pero la supuesta imposibilidad de que Estados Unidos, y sus aliados en el Consejo de Seguridad, permitan la aplicación de la RdP a Gaza y los sesgos por intereses, políticos e ideológicos que apoyan esta postura vacían el debate legal de toda sustancia, cerrándolo antes incluso de que comience. Aceptar esta posición significa renunciar a una norma ética común que nos permitiría mantener cualquier debate.
- Hay voces –y no son nuevas– que abogan por un rechazo absoluto de todo lo relacionado con el Derecho Internacional y la comunidad internacional, incluido el principio de la RdP. Como dice El-Affendi de forma tan elocuente: "Observar cómo los líderes de los países más poderosos se alían para movilizar los arsenales y las flotas más formidables del mundo contra los habitantes más pobres y oprimidos de la Tierra es una lección de ceguera moral. Parece dar la razón a los detractores de la Responsabilidad de Proteger, que han sostenido que la doctrina siempre ha sido un subterfugio para un imperialismo apenas disimulado bajo falsas pretensiones morales"[33]. El-Affendi discrepa de esta valoración, al igual que yo. Es un error ceder el espacio a estas voces. Hay normas que se han afianzado en la política internacional tras una larga lucha y otras que siguen siendo rehenes de la política de las grandes potencias. Los emprendedores de normas desempeñan un papel indispensable a la hora de trasladar las normas del ámbito de las ideas al ámbito del discurso, con la esperanza de que terminen su ciclo vital en el ámbito de la práctica[34]. Los emprendedores de normas son actores destacados (individuos, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades epistémicas) que toman la iniciativa de hablar de ciertas normas[35], defenderlas y persuadir a los Estados de la utilidad de interiorizarlas y cumplirlas. Asumen la responsabilidad de luchar para que las normas no mueran. En consecuencia, quienes debaten sobre la RdP en Gaza y la Palestina ocupada, especialmente los expertos en Derecho Internacional, deberían seguir afirmando lo que dicta la teleología última del principio y no vaciar el debate de cualquier significado moral, como hemos visto en este ensayo.
Conclusión
Las personas de todo el mundo que comparten el espanto del Secretario General de Naciones Unidas ante lo que está ocurriendo en Gaza y que se manifiestan contra este horror en todo el planeta esperan algo de moralidad en las palabras de los políticos y los expertos en Derecho Internacional. La exigencia de que el derecho internacional humanitario se pronuncie y de que los políticos actúen para poner fin a las atrocidades de las guerras aumenta a medida que lo hacen las atrocidades. En el debate jurídico sobre la RdP en Gaza, no parece haber nada sólido en lo que basarse, aunque ninguna persona en su sano juicio podría imaginar un momento más apropiado que este para la aplicación del principio. Como hemos visto, hay una tendencia a descartar totalmente su aplicabilidad por fanatismo a la literalidad de la ley, borrando el espíritu y la teleología de la ley. La ciudadanía no espera una intervención militar basada en la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a los civiles en Gaza, pero clama por el fin del exterminio de civiles palestinos en una guerra sin líneas rojas, sin moralidad, sin legalidad y sin normas. Hasta que su grito resuene en los oídos de los vivos, parece que, realmente, "los muertos son los únicos que han visto el fin de la guerra".
Este Análisis fue originalmente publicado en la revista académica de revisión por pares dedicada a las Ciencias Sociales Al Muntaqa, vol. 7, nº 1, enero-febrero, 2024. Puede consultarse en este enlace.
Las ideas expresadas en este documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente la postura del CEARC.
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Notas y referencias
[1] Abdelwahab El-Affendi, "Where is the 'Responsibility to Protect' in Gaza?", Al Jazeera, 21/10/2023, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/2auzn4p7
[2] Ibid.
[3] Asamblea General de Naciones Unidas, "Resolución adoptada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005", A/RES/60/1, 24 de octubre de 2005, consultado el 02/11/2023, en: http://tinyurl.com/43ade295
[4] Irónicamente, el discurso de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reflejado en su comportamiento de voto, mostró una mayor conciencia de este juego lingüístico: justificó su veto a la resolución estadounidense que pedía "una pausa humanitaria", diciendo que la situación exigía un "alto el fuego", no una mera "pausa".
[5] El-Affendi.
[6] Ahmed Qassem Hussein & Mohammed Hemchi, "al-Qasʿa wa-Akalatuhā: al-Tadakhkhulāt al-Khārijiyya fī Lībyā Mā Baʿd al-Rabīʿ al-ʿArabī," en: Ahmed Qassem Hussein (ed.), Lībyā: Taḥaddiyāt al-Intiqāl al-Dīmuqrāṭī wa-Azmat Bināʾ al-Dawla (Doha/Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies, 2022).
[7] Gareth Evans et al., "The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty" (Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2001), p. 35.
[8] Gareth Evans lo calificó como "un caso de manual" de la norma de la RDP "que funciona exactamente como se supone que debe hacerlo". Evans es académico y exministro de Asuntos Exteriores de Australia. Es coautor del informe de la CIISE y copresidente de la organización. Véase: Gareth Evans, "Interview: The 'RtoP' Balance Sheet after Libya", Gevans, 2/9/2011, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/5n6p3hjr. A decir verdad, los motores de búsqueda indican que Evans ha mencionado la Franja de Gaza como posible caso en el que podría aplicarse la RDP, una de las escasas menciones a Gaza. Véase: Gareth Evans, "The Responsibility to Protect: Where to Now?", Amnistía Internacional, 23/5/2018, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/4bv7ve27
[9] Véase, por ejemplo: Catherine Renshaw, "RDP: An Idea whose Time Never Comes", Lowy Institute, 2/6/2021, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/bdzaupuz
[10] Ribale Sleiman-Haidar, "Palestine, Israel and RDP: A Symposium", London School of Economics, 22/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/4f3uu4cn
[11] Sleiman-Haidar.
[12] Investigador sobre estudios de genocidio y derechos humanos y, por entonces, director de programas de la Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger.
[13] Megan Schmidt, "The Israeli-Gaza Crisis and the Responsibility to Protect: Does the Norm Apply?", London School of Economics, 23/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/9hzvwbds
[14] Periodista, analista político y antiguo colaborador de varias instituciones académicas.
[15] David Rieff, "RDP Isn't a Useful Framework for Gaza—or Anything", London School of Economics, 25/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/2mjysav9
[16] Académico y entonces director ejecutivo del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger.
[17] Simon Adams, "Both Israel and Hamas have a Responsibility to Protect Civilians", London School of Economics, 25/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/4kx44ejm
[18] Abogado en Derecho Internacional y antiguo funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
[19] James P. Rudolph, "Gaza and Israel—A Case for International Humanitarian Law, Not RDP", London School of Economics, 23/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/6dtdkkyh
[20] Lector de Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster y experto en intervención humanitaria, responsabilidad de proteger, justicia transicional y Derecho Internacional.
[21] Lo mismo podría decirse de la intervención de Michael Kearney, profesor de Derecho en la Universidad de Sussex, pero he preferido no centrarme en ella porque es un ejemplo de crítica que descarta por completo la RDP, como queda claro por el título. Comentaré este tipo de crítica más adelante, pero el artículo merece ser leído y tiene varios puntos de coincidencia con El-Affendi. Véase: Michael Kearney, "In Palestine, RDP Isn't Dead. It Could Never Have Existed", London School of Economics, 24/6/2023, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/3ez5ad86
[22] Ibid. Kearney señala, por ejemplo, que el conflicto palestino-israelí "como problema estructural y de larga duración de ocupación, racismo y violencia" no "encaja" en la corriente dominante de la doctrina jurídica internacional, que se centra en las grandes crisis y no en la vida cotidiana. Citando una declaración de la Coalición Internacional sobre la Responsabilidad de Proteger ("Quedan dudas sobre si invocar la RDP habría producido los cambios deseados para proteger a los civiles en esta situación profundamente politizada"), comenta: "Lo que aquí se entiende por politizada, supongo, es que 'no creemos que debamos intentar aplicar una herramienta diseñada para acosar a los malos, a nuestros aliados democráticos'".
[23] Aidan Hehir, "'Is Gaza in Israel?' RDP and Inter-State Crises", London School of Economics, 23/7/2014, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/bdhkc4v8
[24] Renshaw.
[25] "UN Chief 'Horrified' by Strike on Gaza Hospital", UN News, 17/10/2023, consultado el 2/11/2023, en: https://tinyurl.com/574db443
[26] El-Affendi.
[27] O, como argumenta Schmidt, ¿qué ocurre si el Estado es "incapaz de" o "no está dispuesto a" proteger a su población? ¿Y si es él mismo quien comete los crímenes? Véase: Schmidt.
[28] Hehir.
[29] Evans et al., p. xiii.
[30] Ibid., pp. xiii, 55.
[31] Evans et al., p. xiii. 55.
[32] Sobre el debate acerca de la intervención sin autorización del Consejo de Seguridad, véase: Cristina G. Badescu, "Authorizing Humanitarian Intervention: Hard Choices in Saving Strangers", Canadian Journal of Political Science, vol. 40, n.º 1 (2007).
[33] El-Affendi.
[34] Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change", International Organization, vol. 52, n.º 4 (1998).
[35] No debemos olvidar el título de la obra de John Austin que articula la teoría del acto de habla. Véase: John L. Austin, "How to Do Things with Words" (Nueva York: Harvard University Press, 1962).
Bibliografía
Asamblea General de Naciones Unidas. "Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005". A/RES/60/1. 24 de octubre de 2005. Consultado el 2/11/2023, en: undocs.org/A/RES/60/1
Austin, John L. How to Do Things with Words. Nueva York: Harvard University Press, 1962.
Badescu, Cristina G. "Authorizing Humanitarian Intervention: Hard Choices in Saving Strangers." Canadian Journal of Political Science. vol. 40, n.º 1 (2007).
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Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." International Organization. vol. 52, n.º 4 (1998).
Hussein, Ahmed Qassem (ed.). Lībyā: Taḥaddiyāt al-Intiqāl al-Dīmuqrāṭī wa-Azmat Bināʾ al-Dawla. Doha/Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS), 2022.