El viernes 13 de marzo, tras casi dos semanas de combates en el frente libanés de la "Operación León Rugiente", las fuerzas israelíes bombardearon Burj Qalaouiyah, una localidad del sur del país. El ataque destruyó un centro de salud y causó la muerte de doce médicos, paramédicos, enfermeros y pacientes; The New York Times informó de que "solo sobrevivió un trabajador gravemente herido". Entre las víctimas, según el reportaje de la periodista Lylla Younes para Drop Site, se encontraba un paramédico que había intervenido el otoño pasado en un acto conmemorativo por varios compañeros fallecidos en un ataque aéreo israelí durante la anterior guerra en Líbano. "Aunque nos maten uno a uno", habría dicho entonces, "no abandonaremos nuestro deber".
La guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada en las últimas fases de las negociaciones para renovar el acuerdo nuclear, se extendió rápidamente a Líbano. Hezbolá se unió a la contienda al segundo día, después de que un ataque estadounidense-israelí matara a Alí Jameneí en Teherán. Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi a diario en el Líbano en los quince meses transcurridos desde que ambos países firmaron una tregua, matando a más de trescientas personas, pero desde el 2 de marzo sus aviones de combate han estado bombardeando sin descanso el sur de Líbano, Beirut y otras ciudades; recientemente lanzó una incursión terrestre en el sur. Mientras que en Irán Estados Unidos e Israel operan codo con codo, en Líbano Israel ha tomado la iniciativa, con Estados Unidos proporcionando armas y otro tipo de apoyo.
Se ha cobrado un grave tributo en ambos frentes. En menos de dos semanas, más de cuatro millones de civiles han sido desplazados en los dos países, hasta 3,2 millones en Irán y más de un millón en Líbano, donde Israel ha emitido ya órdenes de evacuación que abarcan el 14% del territorio del país. El número total de muertos ya asciende a miles, con más de 20.000 heridos. Hasta el jueves 19 de marzo, según un comunicado de la ONU basado en estadísticas de la Media Luna Roja Iraní, más de 65.000 instalaciones civiles han sufrido daños solo en Irán.
Entre ellos hay un número alarmantemente elevado de centros médicos. La Media Luna Roja informa de que los ataques estadounidenses e israelíes han dañado hasta ahora 236 centros sanitarios. A fecha de 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había verificado dieciocho de estos ataques, informando de que solo ellos causaron la muerte de ocho trabajadores sanitarios. En el segundo día de la guerra, los ataques aéreos causaron daños significativos al Hospital Gandhi de Teherán, donde las imágenes y fotografías mostraban la fachada del edificio destrozada y cubierta de escombros, así como el equipo roto y los cristales destrozados en el interior de las salas. El presidente del Consejo Médico de Irán, Mohammad Raeiszadeh, reveló en los medios estatales que el ataque inutilizó el departamento de fecundación in vitro del hospital; testigos declararon a la cadena de televisión estatal Al-Alam que hubo que evacuar a recién nacidos y otros pacientes
En Líbano, la infraestructura sanitaria parece estar sufriendo ataques aún más directos. El Ministerio de Sanidad del país ha documentado al menos 128 ataques israelíes contra instalaciones médicas y ambulancias en el sur, en su mayoría afiliadas a la Asociación Islámica de Salud (IHA, en sus siglas en inglés) de la región, que han causado la muerte de 40 trabajadores sanitarios y han herido a más de un centenar. A fecha de 11 de marzo, antes del ataque al centro médico de Burj Qalaouiyah, la OMS ya había confirmado 25 de estos ataques; señaló que otros 49 centros de atención primaria y cinco hospitales habían tenido que cerrar "tras las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí". El resultado es que los servicios se han reducido incluso a medida que se intensifica la necesidad de atención médica. Los ataques contra la atención sanitaria parecen diseñados para fomentar el desplazamiento masivo: en una entrevista con The Guardian, un trabajador de emergencias de la IHA los calificó de parte de una campaña "para impedir la vida en nuestra región y empujar a la gente a huir".
Desde el inicio de las operaciones "León Rugiente" y "Furia Épica", los críticos han acusado a Israel de estar extendiendo su "doctrina Gaza" —una combinación de desplazamiento masivo, matanzas masivas y destrucción masiva de infraestructura civil— a otras partes de Oriente Medio. (En cierto sentido, se trata de un retorno de "la doctrina Dahiyeh", llamada así por el barrio de los suburbios del sur de Beirut que el ejército israelí bombardeó sin piedad durante la Guerra de Líbano de 2006; solo que en Gaza la destrucción no se limitó a una zona específica y a las personas que vivían en ella, sino que se convirtió en el modus operandi del ejército en todo el territorio). Israel, sorprendentemente o no, ha asumido la acusación, lanzando folletos sobre Beirut para recordar a los residentes de la ciudad el "gran éxito en Gaza" del ejército israelí. Una de las características más destacadas de la doctrina de Gaza —y de la guerra contemporánea en general— es convertir en objetivos los centros médicos que salvan vidas, como hospitales, clínicas de salud y ambulancias: fue el "desmantelamiento deliberado y sistemático de los sistemas sanitarios y de soporte vital de Gaza" lo que Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, en sus siglas en inglés) citó para argumentar que la conducta del ejército israelí en la Franja cumplía la definición legal de genocidio. Los informes que llegan desde Irán y el Líbano plantean la perspectiva profundamente inquietante de que Israel espera replicar ese "éxito" en el extranjero.
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Los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977 otorgan a las unidades médicas una "protección específica", además de las "protecciones generales" concedidas a las estructuras civiles durante la guerra. En virtud de estas restricciones, las partes beligerantes no pueden atacar unidades médicas a menos que estas "cometan, al margen de su función humanitaria, actos perjudiciales para el enemigo". Pero incluso cuando las unidades médicas cometen tales actos, las protecciones específicas obligan a las partes beligerantes a sopesar la ventaja que esperan obtener de un ataque frente al daño que probablemente generará, emitir una advertencia y conceder tiempo suficiente para la evacuación.
Desde cualquier punto de vista, el ataque de Israel contra el sistema sanitario de Gaza violó estos principios en innumerables ocasiones. Ninguno de los 36 hospitales de la Franja se libró. Muchos fueron sometidos a un asedio prolongado, a menudo mientras acogían a grandes multitudes de personas desplazadas, antes de ser asaltados y desmantelados. En marzo de 2024, tal y como ha documentado el PHRI, miles de pacientes, personal y personas desplazadas en Al-Shifa —el hospital más grande de Gaza— sufrieron dos semanas bajo ataque "sin comida, agua, electricidad ni atención médica". Cuando las fuerzas israelíes se retiraron, "el hospital estaba completamente en ruinas" y al menos 80 cadáveres —y posiblemente cientos— yacían enterrados a su alrededor en fosas comunes. Entre octubre y diciembre de 2024, mientras el ejército israelí llevaba a cabo el "plan de los generales" en el norte de Gaza, el Hospital Kamal Adwan soportó "más de 80 días de asedio, bombardeos y obstrucción sistemática del acceso humanitario", en palabras de PHRI, antes de que una incursión lo dejara "completamente inoperativo".
Siguiendo un patrón que Israel parece estar repitiendo ahora en Líbano, estos ataques sirvieron como motores de desplazamiento masivo. En una reciente conferencia en la Universidad Queen Mary de Londres, Guy Shalev, director del PHRI, subrayó que el asalto de Israel al Kamal Adwan estaba directamente vinculado a los esfuerzos del ejército por empujar a la población palestina hacia el sur. Cuando se destruye el último salvavidas y "la gente no tiene ningún centro médico que pueda tratar a sus familiares", explicó, "se marchan".
El daño generado por estos ataques tiene amplias repercusiones. Desde marzo de 2025, cuando Israel demolió el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único hospital oncológico de Gaza, los 10.000 pacientes que el centro atendía cada año simplemente no han tenido adónde ir. "Tener cáncer en Gaza significa la muerte, y antes de la muerte, significa mucho sufrimiento y dolor", declaró el oncólogo palestino Sobhi Skaik a The Lancet Oncology. Dado que cada año se diagnostica cáncer a entre 2.000 y 2.500 personas más en Gaza, la destrucción del hospital provocará sin duda miles de muertes adicionales en los próximos años.
Este tipo de análisis puede extenderse al daño causado por la destrucción por parte de Israel de cinco de las siete unidades de diálisis de Gaza, incluido el único centro renal del norte de Gaza. En una carta enviada al British Medical Journal en marzo de 2025, el médico de Gaza Abdullah Wajih Kishawi informó de que el 44% de los pacientes en diálisis de la Franja —cerca de 500 personas— habían fallecido en el último año y medio, ya fuera por lesiones directas o por no poder acceder a la diálisis; dado que el bloqueo de Israel había interrumpido el suministro de medicamentos inmunosupresores, especuló, era probable que muchos de los 450 pacientes de trasplante renal de Gaza también hubieran fallecido. Los pacientes de diálisis supervivientes del enclave, como escribió en estas páginas el año pasado el médico interno con sede en Gaza Amro Hamada, se encontraban atrapados en "un constante equilibrio entre la esperanza y el agotamiento".
En algunos casos, cuando los críticos acusaron a Israel de atacar ilegalmente centros sanitarios y otros lugares protegidos en Gaza durante los dos primeros años del asalto a la Franja, se encontraron con simples negativas. Presionado por la BBC sobre el ataque israelí entonces en curso contra Al-Shifa, el presidente israelí, Isaac Herzog, desestimó los informes como "manipulación de Hamás", a pesar de que todas las pruebas sugerían lo contrario. En otros casos, basándose en un manual que habían utilizado ampliamente desde la guerra de 2008-2009 en Gaza, los portavoces políticos y militares israelíes acusaron a Hamás de hacer un uso indebido de las instalaciones médicas al proteger a combatientes o armas en su interior. Hacerlo, al fin y al cabo, invoca la única excepción legal que puede anular tanto las protecciones generales como las específicas de estas instalaciones.
El caso de Al-Shifa es revelador. Semanas antes de que Israel enviara por primera vez tropas al hospital en noviembre de 2023, sus portavoces comenzaron a construir un argumento jurídico para justificar un ataque. "Las afirmaciones eran notablemente específicas", señalaba una investigación del Washington Post. Según el relato del periódico, Israel alegó "que cinco edificios del hospital estaban directamente implicados en actividades de Hamás; que los edificios se encontraban sobre túneles subterráneos que los militantes utilizaban para dirigir ataques con cohetes y dar órdenes a los combatientes; y que se podía acceder a los túneles desde el interior de las salas del hospital". El portavoz del ejército, Daniel Hagari, insistió en que tenían "pruebas concretas". En esa rueda de prensa presentó un vídeo animado en 3D que mostraba el hospital como un escudo para el cuartel general de Hamás, mostrando una serie de túneles subterráneos bajo las instalaciones que supuestamente se utilizaban "para dirigir y controlar actividades terroristas".
El Post señaló que el ejército israelí "publicó múltiples series de fotos y vídeos que mostraban supuestas pruebas de la actividad militar de Hamás dentro y debajo del hospital" a lo largo de su prolongada ocupación de Al-Shifa, incluyendo imágenes de Hagari explorando un pozo de túnel en el complejo. La investigación del periódico concluyó, sin embargo, tanto que "las salas conectadas a la red de túneles… no mostraban pruebas inmediatas de uso militar por parte de Hamás" como que ninguna de las imágenes mostraba "que se pudiera acceder a los túneles desde el interior de las salas del hospital". Incluso si las pruebas que el ejército israelí afirmaba haber aportado hubieran resultado ser auténticas, habrían quedado muy lejos de demostrar que Hamás hubiera estado haciendo un uso indebido del hospital para ocultar su "centro de mando y control"; y, en cualquier caso, el ataque al hospital difícilmente habría cumplido el umbral de proporcionalidad, dados los servicios que Al-Shifa prestaba a la población. Fue quizás el ejemplo más destacado de un patrón que se repite con frecuencia. Entre octubre de 2023 y enero de 2026, Israel atacó instalaciones sanitarias 937 veces solo en Gaza, sin ofrecer en ninguna ocasión pruebas concretas de que estuvieran siendo utilizadas indebidamente para "actos perjudiciales para el enemigo".
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Las estadísticas sobre los ataques actuales contra los sistemas sanitarios de Irán y Líbano —según informan los respectivos ministerios de Sanidad de ambos países— ponen de manifiesto una serie de violaciones. Ya el 6 de marzo, el portavoz principal del Ministerio de Sanidad iraní informó de que los ataques estadounidenses e israelíes habían dejado fuera de servicio nueve hospitales, destruido más de una docena de "bases de urgencias prehospitalarias" y dañado múltiples centros de salud locales y rurales. Entre los centros médicos de Teherán que sufrieron daños en los primeros días de la guerra, según informó Al Jazeera, se encontraban el Hospital Motahari, especializado en víctimas de quemaduras, y "el edificio principal de los servicios médicos de urgencias de la provincia", situado en el centro de la ciudad. En Ahvaz, los ataques habrían dañado un hospital infantil; en Sarab y Hamedan, tal y como señaló el director de la OMS, fuentes locales informaron de que se habían dañado las salas de urgencias.
El lunes, el número de fallecidos entre el personal sanitario en Líbano había ascendido al menos a 38. Solo ese mismo día, según informó Younes, seis paramédicos murieron en ataques distintos contra tres ambulancias diferentes, una de las cuales respondía a una llamada tras otro ataque que había alcanzado una casa en la localidad sureña de Kfar Sir. "Algunos de nuestros empleados han sido asesinados en nuestros centros médicos, otros mientras estaban sobre el terreno, tratando de sacar a la gente de bajo los escombros", declaró a Younes un portavoz de la Asociación Islámica de Salud.
Añadió que "el lugar exacto al que se dirigieron para llevar a cabo su labor de rescate volvió a ser blanco de un ataque nada más llegar". Según informa The Guardian, desde el 2 de marzo Israel ha llevado a cabo al menos cinco ataques de este tipo, denominados "double-tap", en los que un primer ataque va seguido de una pausa —durante la cual suelen llegar los equipos de primera intervención— antes de que la zona sea bombardeada de nuevo. Varios expertos jurídicos sostienen que esta táctica probablemente viola el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe atacar a civiles, heridos o personas fuera de combate.
Al ser presionados sobre estos ataques contra instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles, Israel y Estados Unidos han recurrido repetidamente a respuestas sacadas del manual de Gaza. Después de que un ataque matara a 175 personas, la mayoría de ellas niñas pequeñas, en una escuela de niñas en el sur de Irán el primer día de la guerra, el presidente Trump negó cualquier responsabilidad, sugiriendo a los periodistas hasta el 7 de marzo que se trataba de un misil iraní que había fallado. El 11 de marzo, The New York Times informó de que una investigación militar en curso había llegado a la conclusión preliminar de que la escuela había sido alcanzada por un misil Tomahawk estadounidense. El día anterior, en una rueda de prensa, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, había acusado a Irán de "trasladar lanzacohetes a barrios civiles cerca de escuelas y hospitales para intentar impedir nuestra capacidad de atacar. Así es como operan... Atacan a civiles. Nosotros no".
Mientras tanto, tras el ataque de Israel contra el centro sanitario de Burj Qalaouiyah, un portavoz militar israelí alegó el X que los combatientes de Hezbolá estaban utilizando ambulancias y el centro médico con fines militares. Disfrazar un vehículo militar como ambulancia equivaldría a una perfidia médica, un crimen de guerra según el Derecho Internacional. Hezbolá (al igual que Hamás) presta diversos tipos de servicios de bienestar social y sanitarios a la población local, y la Asociación Islámica de Salud forma parte, efectivamente, de esa red de bienestar social. Pero, según el Derecho Internacional, se trata de instalaciones civiles, y el portavoz no aportó ninguna prueba de que se estuviera haciendo un uso indebido de las ambulancias o de la infraestructura médica. Los ataques israelíes tampoco se han limitado a las instalaciones de la IHA: The Guardian informa de que también han alcanzado "el servicio estatal de defensa civil, el servicio de salud de la Asociación de Scouts Islámicos del movimiento Amal, una organización benéfica local dedicada a la asistencia sanitaria y la Cruz Roja Libanesa".
De hecho, como ha señalado Drop Site, por el momento la parte implicada en la perfidia médica durante la guerra actual es, de hecho, Israel. Una semana antes, paracaidistas israelíes habían entrado en el cementerio de Nabi Chit, una localidad del valle de la Bekaa, en el noreste del Líbano, en un intento de recuperar los restos que podrían haber pertenecido a un copiloto israelí derribado y capturado por el grupo militante Amal hace 40 años. Después de que las fuerzas israelíes mataran a un combatiente de Hezbolá, se desató un tiroteo entre las tropas israelíes, los combatientes de Hezbolá y los residentes locales. Cuando los israelíes se retiraron, al menos 41 personas habían perdido la vida, según el Ministerio de Sanidad de Líbano. Entrevistados por periodistas de la BBC, el Sydney Morning Herald y el periódico árabe con sede en Londres Asharq al-Awsat, los residentes relataron que algunos de los soldados israelíes habían llegado en una ambulancia libanesa vistiendo uniformes asociados con la IHA. No sería la primera vez en la historia reciente que las fuerzas israelíes se han visto envueltas en un acto de perfidia médica: en diciembre de 2024, cinco soldados israelíes utilizaron una ambulancia para entrar en el campo de refugiados de Balata, en Cisjordania, en una redada que causó la muerte de dos civiles, entre ellos una mujer de 80 años; menos de un año antes, asesinos israelíes disfrazados de mujeres musulmanas y médicos habían irrumpido en un hospital de Yenín y ejecutado a tres palestinos fuera de combate.
Negar acusaciones bien fundamentadas de crímenes y acusar a los enemigos de tales crímenes sin pruebas serias: estos son los preludios de un paso aún más radical: el rechazo total del Derecho Internacional. Quizás el acontecimiento más impactante de la guerra actual es que Israel y Estados Unidos ni siquiera se han molestado en justificar el bombardeo de infraestructuras civiles. "Sin cuartel, sin piedad", dijo Hegseth en una rueda de prensa el 13 de marzo, haciéndose eco de la infame afirmación del presidente Trump, tras el secuestro ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro, de que "no necesito el Derecho Internacional". Refiriéndose a los ataques de Israel contra Irán y Líbano, Benjamín Netanyahu afirmó el 12 de marzo que "el cambio drástico en nuestro poder en relación con el poder de nuestros enemigos es la clave para garantizar nuestra existencia. Las amenazas van y vienen, pero cuando nos convertimos en una potencia regional, y en ciertos ámbitos en una potencia mundial, tenemos la fuerza para alejar los peligros de nosotros y asegurar nuestro futuro". Los términos "ley" y "orden jurídico" no se mencionaron ni una sola vez.
Estas son las palabras de hombres embriagados por su propio poder. La "doctrina Gaza" es un reflejo directo de esta embriaguez, y la destrucción generalizada de las instalaciones sanitarias es solo una de sus manifestaciones, que ahora pueden verse en todo el mundo. La Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, un grupo de más de treinta organizaciones que trabajan para proteger al personal sanitario, los servicios y las infraestructuras, documentó una media de diez ataques contra unidades médicas al día durante 2024 —un aumento de nueve veces desde 2016, año en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que "condenaba enérgicamente los ataques contra instalaciones médicas [y] personal en situaciones de conflicto" —. Este aumento no solo se debió a las guerras de Israel en los territorios palestinos ocupados y en Líbano, sino también a las guerras en Sudán, Ucrania y Myanmar. A medida que la actual guerra entre Estados Unidos e Israel erosiona aún más el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, debemos preguntarnos qué nuevas herramientas podemos desarrollar para proteger al mundo de aquellos para quienes solo la fuerza hace la razón.
Este Análisis fue publicado originalmente por The New York Review of Books, el 22 de marzo de 2026. Puede consultarse en inglés en este enlace.
Las ideas expresadas en este Análisis corresponden al autor y no reflejan necesariamente la postura del CEARC
Crédito de imagen: EFE / EPA / Wael Hamzeh