Resumen
Cinco años después del autogolpe del presidente tunecino, Kais Saied, se ha hecho efectiva la vuelta del país al punto de partida prerrevolucionario. Desde que el 25 de julio de 2021 Saied suspendiera el Parlamento y se arrogara plenos poderes, el diagnóstico que se puede hacer de la actual situación política del país mediterráneo es que se ha producido un verdadero desmantelamiento de los avances que se hicieron durante la transición democrática para acabar imponiendo un régimen populista autoritario. Túnez es un caso paradójico de cómo un país símbolo ejemplar para su entorno por sus avances en la transición hacia una democracia evoluciona hacia el fracaso de ese modelo.
Una deriva autoritaria anunciada
La arremetida de Saied contra las instituciones, la oposición política, y las libertades públicas ha sido un proceso rápido pero no tomó a casi nadie por sorpresa, porque en realidad se trata de una catástrofe anunciada. Desde que en su campaña electoral como candidato a los comicios presidenciales de 2019 proclamara su rechazo al recién creado sistema democrático ‒ley electoral incluida‒ y adelantara su intención de cambiar a un modelo de comités populares con una pretendida estructura de abajo a arriba, Saied nunca ocultó sus verdaderas intenciones de demolición de la arquitectura post revolucionaria. Con este discurso antisistema[1] ganó los comicios en segunda vuelta, con el 72,7% de los votos. Finalmente, desde su ascenso a la Presidencia, fue dando los pasos hasta lograr su objetivo sabiendo concitar apoyos internos y aprovechando la ausencia de crítica desde el exterior, en particular de los gobiernos europeos.
Y así llegó ese 25 de julio de hace cinco años en el que Saied proclamó el Estado de excepción y, citando el artículo 80 de la Constitución (que luego derogaría), que permite al presidente imponer "medidas extraordinarias" ante una amenaza para la estabilidad de la nación, anunció la disolución del Gobierno y el cese del primer ministro, la suspensión temporal del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria[2]. Finalmente, se arrogó las funciones ejecutivas y, tras decretar la suspensión sine die del Parlamento, logró apropiarse también de las funciones legislativas para gobernar por decreto. La mayoría de los partidos de la oposición ‒con la formación islamista moderada En Nahda a la cabeza‒ protestaron contra lo que calificaron de "golpe de Estado", pero el Parlamento se encontraba muy fragmentado y debilitado y la parálisis política que arrastraba desde años atrás, así como las protestas por la mala gestión de la crisis del Covid-19, hicieron que la mayoría de la población y amplios sectores de la sociedad civil apoyasen la mano dura del presidente, con la esperanza de superar las crisis en las que estaba sumergido Túnez.
Saied nombró a un gobierno afín y fue desmantelando la Constitución poco a poco, dejando sin vigor muchas de sus provisiones. A continuación, inició el asalto al poder judicial: despidió al Consejo Superior de la Magistratura, órgano que garantiza la independencia judicial, nombró a un nuevo consejo afín y pocos meses después promulgó un decreto que le daba poderes para despedir a los jueces[3]. Comenzaba así la purga en el poder judicial. El 30 de marzo de 2022, Saied anunció oficialmente la disolución del Parlamento y los diputados rebeldes fueron sometidos a investigaciones judiciales.
El sistema institucional no fue capaz de revertir este golpe de Estado, pues no estaba consolidado y algunos de sus mecanismos de equilibrio, como el Tribunal Constitucional (que debía resolver disputas entre los poderes legislativo y ejecutivo), no se habían puesto en pie. El siguiente paso de Saied para imponer un sistema presidencialista sin contrapoderes fue enmarcarlo en una nueva Constitución, cuyo plebiscito se anunció para el 25 de julio de 2022, coincidiendo con el primer aniversario del autogolpe presidencial. Para revestir de legitimidad a esta nueva Carta Magna, se lanzó una consulta popular online en la que solo participó medio millón de personas a través de la plataforma. Una comisión debía definir las propuestas populares en un texto jurídico, pero el boicot al proceso, la exclusión de la oposición y la falta de transparencia empañaron los trabajos.
La propuesta final que presentó Saied a votación no fue siquiera la elaborada por la comisión. Pese a las denuncias públicas de las maniobras del presidente, la Constitución se aprobó por un 94% de los apoyos, cuestionables si se tiene en cuenta que solo votó el 30% del electorado. El nuevo texto de referencia consolida la acumulación de poderes en manos del presidente. También es preocupante la pérdida de referencia a los Derechos Humanos y la igualdad de la ciudadanía presentes en la Constitución de 2014. El resto de libertades civiles quedan difuminadas, dando paso a una época represiva en lo político y social.
La represión no hubiera podido materializarse sin el control total de las instituciones judiciales que se arrogó el presidente. Así, el primer objetivo fue la libertad de expresión, con la detención de periodistas y de civiles críticos con el régimen. El siguiente objetivo no tardó: los disidentes políticos. No se salvaron de la persecución figuras destacadas de la transición: el ex presidente Moncef Marzuki, acusado de conspiración contra el Estado, fue condenado a cuatro años de prisión en rebeldía; el ex primer ministro Hamadi Jebali fue detenido por cargos de blanqueo de dinero; el líder del partido islamista En Nahda, Rachid Ghanuchi (que presidía el Parlamento suspendido por Saied), fue sometido a un acoso judicial y varias condenas de prisión que culminaron en una sentencia a cadena perpetua el pasado 3 de junio.
Decenas de prominentes políticos de En Nahda han sido sentenciados a largas penas de cárcel, siendo el partido islamista moderado el más golpeado por la represión de Saied. Sindicatos, ONG, profesores, abogados de Derechos Humanos, activistas, intelectuales, minorías, el colectivo LGBTIQA+… la persecución se extiende incluso a las personas migrantes.
El porqué de una democracia efímera
¿Por qué Túnez, la cuna de los movimientos antiautoritarios del Mundo Árabe, un país que se consideró modelo para la región por su ejemplar transición política, es hoy uno de los regímenes más represivos y restrictivos de la región? Existen dos teorías principales para explicar el fracaso del proceso postrevolucionario: por un lado, la que defiende que nunca existió la tan jaleada "excepción tunecina"; por otro lado, la que sostiene que al ser una democracia joven y no consolidada, ha sido muy fácil y rápido desmantelarla. Ambas ideas pueden ser complementarias, siendo importantes factores que han influido en el descarrilamiento de lo que empezó como una brillante trayectoria hacia la democracia.
Durante una década, desde el levantamiento que derrocó al dictador Zine el Abidin Ben Ali el 14 de enero de 2011, Túnez ha sido considerado un país ejemplar en el contexto regional marcado por los procesos revolucionarios que irradió en todo el Mundo Árabe el dramático gesto de protesta de Mohamed Buazizi. Entonces, la ciudadanía tunecina sentía que tenía el destino en sus manos, en un tiempo en que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que estaba en juego. Había una conciencia de cambio de era, de transformación política, de evolución social. Lo ejemplificaron las palabras de la madre de Buazizi, Mannoubia, entrevistada por la autora de este análisis pocos días después de su muerte y tan sólo un día antes de la caída de Ben Ali: "Mohamed ha empezado una revolución en todo el mundo"[4].
La ilusión de que la antorcha de la libertad encendida en Túnez se contagiaba a lo largo de la geografía del Norte de África y Oriente Medio, pronto fue apagada por los fracasos de otros levantamientos, que descendieron hacia guerras civiles, brutal represión o golpes militares que aplastaron las aspiraciones de dignidad, libertad y democracia de los árabes. Mientras sus vecinos no lograban encender la mecha libertaria, en Túnez resistía la llama prendida ‒no sin dificultades‒ y se iba abriendo paso la tesis de la "excepción tunecina" para explicar un desenlace inédito en su entorno que vio su punto culminante con la aprobación de la Constitución de 2014, considerada entonces la más avanzada de la región.
Las elecciones que dieron la victoria a Kais Saied, en 2019, marcaron el principio del cuestionamiento de esta excepcionalidad, que se superó con el golpe del 25 de julio de 2021 y la consiguiente desarticulación de las instituciones de la transición democrática. Cuando se cumplen cinco años de este funesto punto de inflexión, la trayectoria y la situación de Túnez se asemeja a la de otros procesos donde la incipiente transición democrática fue interrumpida, las fuerzas políticas autocráticas asumieron el poder y la sociedad fue incapaz de defender los avances conseguidos. En definitiva, este fracaso es precisamente lo que no es una excepción en la historia política contemporánea.
Para entender el descalabro constitucional, hay una corriente que propone desmitificar la lógica de la "excepción tunecina" y cambiar de paradigma. Como defiende Mehdi Mabrouk, en la deconstrucción de este mito hay que observar el papel de la sociedad civil durante la transición como actor principal de consensos políticos. En efecto, la sociedad civil tunecina fue clave en la redacción de la Constitución de 2014 y en la construcción del edificio democrático, pero precisamente al arrogarse el rol de garante de la transición fue como contribuyó a su fracaso, pues al adquirir una gigantesca estatura "socavó al Estado y sobrepasó su autoridad"[5].
El presidente Beji Caid Essebsi ya subrayó este placaje al Estado durante la campaña que le llevó a la jefatura del Estado en 2014. Su sucesor, Kais Saied, supo aprovechar este mensaje y llevarlo a su apogeo, al reclamar la eliminación de todos los "mediadores", en referencia a organizaciones civiles y ONG, calificándolos de amenazas a la unidad del Estado. Saied, en su proyecto de Estado autoritario, veía a la sociedad civil más que como un contrapoder, un competidor y en consecuencia a esta visión procedió a su debilitamiento.
Esta teoría no niega los grandes avances en materia de libertades individuales y colectivas que se lograron en Túnez entre 2011 y 2021 gracias al tesón de las organizaciones civiles (que fueron reconocidas con el Premio Nobel de la Paz 2015 por ello). Sin embargo, apunta que la basculación de roles que se produjo tras la caída de Ben Ali, cuando Túnez pasó de ser un Estado policial a ser un país con la autoridad central erosionada a expensas de la sociedad civil sentó las bases de la pérdida de legitimidad del proceso democrático. Tal como lo describe Mabrouk: "Si Túnez previamente sufrió la dominación del Estado sobre la sociedad, en el periodo postrevolucionario ha sufrido la intromisión, el acoso e incluso la restricción del Estado por parte de la sociedad civil"[6].
Esto no significa que no haya que reconocer el importante papel que cumplió la sociedad civil para evitar que Túnez se asomara al abismo de la confrontación civil en 2013, tras el asesinato de dos importantes figuras opositoras. El llamado Cuarteto (compuesto por el principal sindicato, la Unión General de Trabajadores Tunecinos; la Liga Tunecina para los Derechos Humanos; la Asociación de Abogados Tunecina y la patronal, la Confederación de Industria, Comercio y Artesanía) fue el principal impulsor de un proceso de diálogo nacional cuando la transición atravesaba sus peores momentos y logró salvarla y sacar adelante la Constitución un año después. El problema es que al no estar sujetas a las reglas del juego político (transparencia, rendición de cuentas, etc.) las fuerzas civiles se convirtieron en una variable incontrolable y polarizante[7] y algunas de sus prácticas se contagiaron a otros campos y contribuyeron a hacer descarrilar el proceso democrático.
Cuando Saied efectuó el golpe, la sociedad civil no fue capaz de preservar y proteger la transición. En cambio, algunos campos ideológicos se aliaron con él porque vieron la oportunidad de sacudirse a sus rivales islamistas cuando el presidente apuntó al partido En Nahda, su red de organizaciones civiles (en su mayoría de índole caritativa) y sus aliados políticos, acusándoles de financiación del terrorismo, corrupción, lavado de dinero y otros señalamientos.
Un guion que se repite
El caso de Túnez reproduce una vez más un guion muy frecuente en la última década, en el que un presidente o un gobierno elegido democráticamente desmantela el juego democrático valiéndose de sus herramientas. Este guion sigue un esquema parecido, según el cual se reescribe la Constitución, se concentra el poder, se coopta el poder judicial, se elimina a la oposición política, se reprime a la prensa y se persigue a las voces disidentes. La particularidad de Túnez es que lo ha hecho muy rápido y esto nos lleva a la segunda teoría que apuntábamos al principio: que al tratarse de una democracia joven y aún por consolidar, el presidente Saied ha podido desarticularla fácilmente y en tiempo récord.
Ya hemos visto los pasos que siguió el mandatario para concentrar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, gobernar por decreto e imponer una nueva Constitución. Con los poderes bajo su puño, inició la persecución de la oposición política y de la disidencia. El asalto al edificio democrático débilmente construido durante la transición culminó con la abolición de los gobiernos locales, cuyas primeras elecciones tuvieron lugar en 2018. Los sustituyó por unos comités administrativos sin autonomía, dependientes de la autoridad central hasta para diseñar sus presupuestos. Cuando había prometido "devolver" el poder al pueblo, el resultado ha sido justo el contrario. Según el análisis de Salim Çevik, Saied "desmanteló esta institución antes de que pudiera convertirse propiamente en una"[8].
El otro elemento del patrón seguido por los autócratas es criminalizar a la oposición, utilizando las etiquetas de "amenaza para el Estado", "traición", "terrorismo", "corrupción" e incluso recurriendo a la teoría de la conspiración, en cuyo énfasis ha destacado Saied. En concreto, su discurso contra la comunidad negra desató una ola de graves agresiones a partir de febrero de 2023, tras acusar a los inmigrantes africanos de formar parte de una "conspiración criminal nacida en los albores de este siglo para cambiar la composición demográfica de Túnez" y diluir el carácter "árabe-musulmán" del país.
La debilidad e indefensión de una democracia incipiente y el mito de la "excepcionalidad" tunecina convergen en un mismo punto: la desmovilización de la ciudadanía, desilusionada por el hecho de que la revolución y su nuevo orden democrático no resolvió sus problemas diarios ni acotó la crisis económica. Este sentimiento se concretizó en la bajísima participación electoral registrada en los comicios de 2019, que fueron los que auparon al outsider Kais Saied. La tendencia, que ya venía trazándose en anteriores convocatorias, se reprodujo en el plebiscito constitucional de 2022 y en las elecciones de 2024 (donde la participación fue del 28,8%, la más baja desde 2011) y erosionó definitivamente la credibilidad de los órganos de control electorales. Esta insatisfacción y desapego de la ciudadanía hacia la política hace que sea más sensible a los discursos populistas, lo cual es otro factor que explica el fracaso de la transición tunecina y el clima propicio para una vuelta al autoritarismo[9]. El desencanto también explica la apatía aparente con que la opinión pública y la sociedad civil reaccionaron hacia el golpe de mano de Saied.
El espaldarazo de la Unión Europea
La crisis económica permanente que sufre Túnez desde 2011 y el sentimiento general de que las expectativas de la ciudadanía no se han cumplido en esta materia son también elementos que han contribuido al descarrilamiento del proceso democrático. En este ambiente, el electorado es más sensible a propuestas populistas y antisistema. La pandemia del Covid-19, que golpeó particularmente a Túnez, y la guerra de Ucrania (que ocasionó una escasez de cereal y combustible) dieron la puntilla a la situación económica.
El país es altamente dependiente de los préstamos internacionales para cubrir su gran déficit presupuestario y aliviar su amplia deuda (que representa más del 80% del PIB)[10]. El drástico empobrecimiento de la población es apenas paliado por las remesas de los emigrantes, que en 2024 suponían un 7,7% del PIB. Estas transferencias, junto a los ingresos del sector turístico ‒alrededor del 10% del PIB‒ son los grandes dos motores internos de la economía.
En este contexto, cobran enorme importancia los fondos que la Unión Europea garantiza al país a cambio de firmar un acuerdo migratorio por el que Túnez se convierte en gendarme de sus fronteras. El memorando firmado en julio de 2023 compromete a la UE a proveer un paquete de ayudas de alrededor de 1.000 millones de euros, incluidos 105 millones para "combatir la inmigración ilegal", como parte de un partenariado estructurado en cinco ejes de financiación, por sectores: digitalización, energía, intercambio humano, desarrollo y migración. Este sería el principal motor financiero externo que sostiene el régimen de Saied.
Las grandes lagunas en materia de Derechos Humanos que promueve este acuerdo migratorio con la UE, según las denuncias de destacadas ONG, no han impedido que Bruselas lo presente como una de las banderas para frenar la inmigración a las costas europeas. En tan solo un año, el número de migrantes que llegaron a Italia por mar, desde aguas tunecinas, cayó un 58%[11]. Sin embargo, en la práctica el pacto ha servido de espaldarazo a las políticas abusivas y autocráticas de Saied, con una UE más preocupada por la seguridad y la migración que por la erosión democrática al otro lado del Mediterráneo.
Conclusión
El régimen impuesto por Kais Saied se ha consolidado en tiempo récord, desmontando las incipientes estructuras democráticas puestas en marcha tras arduos consensos político-sociales en la década anterior. La desarticulación de la arquitectura post revolucionaria ha sido posible precisamente por la debilidad de esas instituciones y por la polarización, intensificada por el desmesurado papel que cobró la sociedad civil a expensas de la construcción del Estado. Todo ello se ha producido dentro de un contexto de desilusión ciudadana que ha llevado a un declive en la movilización electoral. A ello se añade la dura crisis económica que azota al país y que el nuevo sistema político no supo abordar. La fragilidad de las democracias incipientes está precisamente en centrarse en la transformación institucional descuidando las mejoras materiales, económicas y sociales para la ciudadanía, lo cual incide en un distanciamiento con el nuevo orden estatal. Dado que el deterioro de todos estos factores continúa, no se prevé a corto o medio plazo que Túnez vuelva a la senda democrática.
Crédito de imagen: Buiobuione / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Notas y referencias
[1] El discurso de Kais Saied, entre el populismo y el anarquismo con tintes gadafistas, sedujo en 2019 sobre todo a los jóvenes y a los desencantados: el 90% de sus electores tenían entre 18 y 25 años. Sin aparente estructura política detrás, su elección se interpretó como una reacción de la ciudadanía al fracaso de la élite política a la hora de materializar sus demandas. Sus primeras palabras al ser elegido dejaron claro que pretendía cambiar la arquitectura de la transición: "He iniciado una nueva revolución". Véase: Rosa Meneses: "Kais Saied, un presidente antipolítico para iniciar una 'nueva revolución' en Túnez", El Mundo, 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/14/5da495d121efa06c0d8b4676.html
[2] Rosa Meneses: "Túnez cae en una deriva autocrática tras el golpe de mano del presidente, Kais Saied", El Mundo, 26 de julio de 2021. Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2021/07/26/60fecdd9fdddfff75c8b45df.html
[3] Andrea Elia, "Túnez en la era de Kais Saied: ¿crisis democrática o nuevo régimen autoritario?", Cuadernos de Política Exterior Argentina, nº 138, diciembre de 2023. DOI: https://doi.org/10.35305/cc.138.197
[4] Rosa Meneses: "Mohamed empezó una revolución", El Mundo, 14 de enero de 2011.
[5] Mehdi Mabrouk, "The Illusion of the Tunisian Exception: Civil Society and Democratic Transition", Al-Muntaqa, volume 8, issue 2, junio de 2025. Disponible en: almuntaqa.dohainstitute.org/en/issue019/Pages/art04.aspx
[6] Mehdi Mabrouk, op. cit.
[7] Ibid.
[8] Salim Çevik, "Tunisia, Turkey, and the New Authoritarian Playbook", Arab Center Washington, 8 de julio de 2026. Disponible en: https://arabcenterdc.org/resource/tunisia-turkey-and-the-new-authoritarian-playbook/
[9] Bosco Govantes, Antonio Alfonso y Miguel Hernando de Larramendi, "Voting with dissatisfaction: an analysis of the 2019 parliamentary election in Tunisia", Democratization, vol. 32, nº 5, julio de 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2507361
[10] Larbi Chouikha, "An Electoral Year Marked by Repression and Tension", IEMed Mediterranean Yearbook 2025. Disponible en: https://www.iemed.org/publication/an-electoral-year-marked-by-repression-and-tension/
[11] Ibid.