Sudán y las derivadas de un conflicto ‘multi proxy’

Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid
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Una mujer sudanesa refugiada espera su retorno voluntario de Egipto a Sudán. / EFE EPA MOHAMED-HOSSAM

Resumen

La caída de la ciudad de al-Fasher a finales de octubre volvió a poner en la escena internacional el conflicto militar que asola Sudán desde abril de 2023. Las imágenes de los asesinatos indiscriminados de civiles indefensos o las ejecuciones sumarias en hospitales han hecho recordar a muchos que el país africano padece la mayor crisis humanitaria del planeta. La guerra ha provocado unos 15 millones de refugiados y desplazados, dentro y fuera del país, cerca de 150.000 muertos, en su gran mayoría civiles, y una escasez de alimentos que afecta a más de la mitad de la población. Otro motivo de reflexión es el impacto de la incidencia –en un fenómeno que podríamos llamar "intervención multi proxy"– de actores regionales e internacionales en la lucha encarnizada que libran los dos bandos en disputa y la incapacidad, o desinterés, de la comunidad internacional para hallar un arreglo sostenible.

Al-Fasher, Darfur y la lucha por el control de Sudán

Al-Fasher es una ciudad de enorme valor estratégico en la mitad occidental de Sudán. No sólo porque permite controlar el acceso a la frontera con Chad y, más al norte, los límites septentrionales con Libia, sino también porque el control de al-Fasher supone dominar casi por completo la línea principal de comunicaciones dentro de la amplia región de Darfur. La caída de la urbe en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR por sus siglas en español, RSF en inglés) constituye de por sí un punto de inflexión en el devenir de la guerra civil sudanesa, máxime si tenemos en cuenta que el ejército había aguantado un asedio de casi quinientos días. Pero las noticias sobre las carnicerías cometidas por los conquistadores han generado un impacto mundial.

Aun cuando sus dirigentes negaron cualquier implicación, fueron los propios milicianos quienes propagaron vídeos de ejecuciones masivas y vejaciones a los civiles. Uno de sus comandantes, apodado Abu Lu´lu, fue detenido por sus superiores tras aparecer en uno de ellos sonriendo ufano entre cadáveres carbonizados; y el propio líder supremo de las Fuerzas, Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", tuvo que salir a la palestra para lamentar "algunos excesos" y asegurar que se impondría la disciplina. Los refugiados que lograron sortear el cerco a la ciudad hablan de saqueos y robo de pertenencias a quienes intentaban abandonar la ciudad, ya sea durante el asedio o inmediatamente después de su toma. Para Hemedti, sin embargo, la repercusión internacional de la violencia en al-Fasher se debe a la "manipulación" ejercida por su enconado rival, el general Abdel Fattah Burhán. En verdad, las dos partes han cometido graves violaciones de los derechos humanos en estos más de dos años y medio largos de hostilidades, si bien las FAR, con mayor motivo tras al-Fasher, parecen superar al ejército.

Amigos de ayer, enemigos de hoy

Las FAR componen una amalgama de grupos armados, procedentes en esencia de las milicias de los Yanyawid. Éstas se componen mayormente de miembros de la etnia árabe de Darfur –tribus dedicadas a la trashumancia– los cuales han combatido durante décadas contra los contingentes armados opuestos al gobierno central de etnias africanas musulmanas (no árabes). Los Yanyawid, con su política de tierra quemada, contribuyeron a someter la mayor parte de Darfur. Las matanzas perpetradas en la región a partir de 2003 (unos 300.000 muertos) generaron las órdenes de búsqueda y captura emitidas contra Omar al-Bashir, líder del gobierno militar entre 1989 y 2019, por parte de la Corte Penal Internacional (2009 y 2010); más recientemente, la misma Corte ha imputado a uno de los dirigentes de los Yanyawid, Muhammad Ali Kushib, por la comisión de ejecuciones masivas, violaciones y destrucción de aldeas, al servicio de Jartum.

Las movilizaciones populares que acabaron con el arresto de al-Bashir en 2019, una réplica insospechada de las revoluciones árabes de 2011, abrieron un futuro de esperanza en la población civil sudanesa. Las asociaciones y partidos políticos, los gremios de profesionales y las agrupaciones de jóvenes demandaron elecciones libres y garantías para una verdadera alternancia de gobierno. No obstante, la fórmula que se eligió, una junta mixta de civiles y militares, incumplió el objetivo de preparar al país para unos comicios electorales transparentes y una reorganización del Estado. Ya entonces Burhán, en su condición de general con mayor presencia en el estamento cercano a Omar al-Bashir, había emergido como verdadero hombre fuerte, con Hemedti como mano derecha en calidad del vicepresidente del Consejo Soberano. En octubre de 2021, cansados de "hacer concesiones estériles" a sus socios en el llamado Consejo, Burhán y Hemedti orquestaron un golpe de Estado en aras de la "estabilidad". Se trataba, en principio, de arreglar el deterioro económico, social y político con el objeto de preparar el relevo para un gobierno civil con garantías. Pocos sudaneses se lo creyeron, máxime tras comprobar la contundencia con la que las fuerzas de seguridad reprimieron las movilizaciones de protesta.

Controlada la disidencia de una sociedad civil que ha permanecido activa desde la independencia en 1956 frente a los repetidos golpes militares sufridos por el país, Burhán y Hemedti comenzaron a disputarse el liderazgo entre ellos. Primero vino la polémica sobre la participación o no de sectores afines al depuesto presidente al-Bashir y su partido, el Congreso Nacional, en las deliberaciones para formar un nuevo gobierno. Luego, la rehabilitación de los islamistas, tanto los opuestos a al-Bashir como sus partidarios. Y, por último, la incorporación de los efectivos de las FAR, unos 100.000 según determinadas fuentes, al ejército para terminar así con una bicefalia incómoda para el estamento castrense. Hemedti deseaba diferirla lo máximo posible, reclamando una serie de garantías; Burhán y el Estado Mayor, la querían cuanto antes. Hemedti, sospechando que los otros generales intentaban forzar la disolución de las FAR, lanzó un ataque sorpresivo contra los destacamentos militares en Jartum. Entre 2021 y 2023 la relación se había deteriorado tanto que, a pesar de los intentos de ambos de aparentar lo contrario, se intuía una implosión dentro de la cúpula sudanesa.

De todos modos, la razón principal de su rivalidad –hoy, los amigos de antaño se acusan de "criminales" – debe buscarse en su ambición personal. Desde 2019, los entornos de Burhán y Hemedti se han repartido los recursos económicos del país. El ejército, al igual que ocurre en el vecino Egipto, supervisa las principales fábricas y sectores productivos, el comercio exterior y los yacimientos de petróleo. Las FAR se han concentrado en el lucrativo sector de la extracción de minerales, en especial el oro. Mientras los dos anduvieron concentrados en amedrentar a los referentes del activismo civil no hubo mayores complicaciones. En abril de 2023, la hostilidad entre los dos bandos quedó al descubierto ante una opinión pública internacional que, parece, no había reparado nunca en la brutalidad con la que ambos, desde el ejército y milicias afines, habían reprimido durante lustros las revueltas en el sur (independizado a la postre en 2011) y otras regiones.

La mediación internacional: la reacción estadounidense

En contraste con su implicación directa en expedientes como el de Gaza, Ucrania o Tailandia-Camboya, entre otros, la Administración estadounidense ha mantenido un perfil bajo en la cuestión sudanesa, al menos hasta los acontecimientos de al-Fasher. Esta aparente renuencia se debe no sólo a la complejidad intrínseca de la cuestión sudanesa sino, en primer lugar, al fenómeno de una "intervención multi proxy": la confluencia de aliados de una gran potencia que compiten entre sí por el dominio estratégico de un territorio.

Un contexto ante el que EE. UU. en concreto prefiere intervenir lo menos posible para no incomodar a determinadas naciones amigas o dar la impresión de favorecer a unas por encima de otras. Esta neutralidad operativa tiene, por supuesto, sus matices, ya que el agravamiento de la crisis y su posible conversión en un conflicto a escala regional puede terminar obligando a una implicación mayor, aun a costa de contravenir los planes de algunos aliados. El hecho de que Sudán se convierta en una nueva Somalia, fragmentada y en conflicto crónico, con un repunte de las organizaciones yihadistas y la aparición de corrientes favorables a sus rivales internacionales representa una amenaza evidente para la visión global de Washington y sus aliados árabes en Oriente Medio y el mar Rojo.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llamó a principios de noviembre a detener el envío de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Esta propuesta que, en cualquier caso, no se acompañó de medidas concretas parecía contar con el apoyo de los ministros de Exteriores del G7 reunidos en Canadá. El cambio de actitud de los representantes estadounidenses respecto a la crisis sudanesa, a la que parecían haber concedido escasa importancia en los meses anteriores, tiene mucho que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en al-Fasher. También, con las protestas emitidas por algunos países de la región (principalmente, Egipto y Arabia Saudí), aliados de Washington, en el sentido de que las FAR estaban yendo demasiado lejos.

El problema es que otro de los grandes aliados, Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en el principal valedor de las FAR. A pesar de que sus portavoces diplomáticos lo han negado en repetidas ocasiones, Jartum ha imputado a Emiratos el enquistamiento del conflicto. No resulta nada habitual que un Estado árabe acuse a otro, más si es del Golfo y con el poderío económico de Emiratos, de interferir en sus intentos internos, por lo que cabe pensar que otros aliados de EE. UU., con Arabia Saudí a la cabeza, comparten la idea de que Emiratos, al igual que las FAR, se está "pasando de la raya". No puede decirse que Riad esté volcada con Burhán y los suyos, pero, desde luego, su aprensión hacia las maniobras emiratíes resulta ostensible. Ver a dos potencias vecinas y supuestamente socias, adalides del Consejo de Cooperación del Golfo y partidarias de la política exterior de la Administración Trump, embarcándose en proyectos antagónicos sobre territorio sudanés ilustra asimismo la compleja dimensión de este fenómeno multi proxy.  

A las declaraciones de Rubio siguieron unas no menos llamativas del presidente Trump tras su encuentro con Mohammed bin Salmán, heredero al trono saudí, el 19 de noviembre. Desde la Casa Blanca, afirmó que pensaba implicarse personalmente en una solución negociada para Sudán, país al que, confesó, no había dedicado gran atención. En verdad, las iniciativas de la diplomacia estadounidense para Sudán no parecían tener gran solidez. Una de ellas, sostenida por su enviado especial, Tom Perriello, promovía a finales de 2024 una serie de conversaciones en Ginebra entre los bandos en conflicto y actores regionales, pero no prosperó ante la negativa de Burhán de conceder un estatus de interlocutor válido a las FAR. En octubre pasado, los miembros del Cuarteto Internacional para la paz en Sudán (Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudí) abogaron por una tregua de tres meses para la introducción de ayuda humanitaria, nuevamente sin éxito. La llamada Plataforma de Yeda, impulsada en mayo de 2023 por saudíes y estadounidenses con respaldo de la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), tampoco ha deparado resultados tangibles a pesar de haber sido aceptada por ambas partes. Lo mismo que los intentos del Cuarteto, los países africanos vecinos y Naciones Unidas para obligar al ejército y las FAR a negociar cara a cara.

Estados Unidos ejerció una presión destacable sobre la Junta civil-militar que rigió los destinos de Sudán a partir de 2019, sobre todo en lo relativo al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, en el marco de los Acuerdos de Abraham. Cabeza visible del periodo transitorio, Burhán se reunió en Uganda en 2020 con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un movimiento que suscitó la irritación de la mayor parte de los sudaneses, hostiles en principio a la normalización con Israel. Washington hizo de mediador entre ambos y, a cambio del viraje de Jartum en política exterior, miró de soslayo los excesos de los militares y la degradación de la opción civil en Sudán. Aunque el acuerdo con Israel no llegó a formalizarse, cosa que sí hicieron Marruecos, Emiratos y Bahréin, el gobierno sudanés siguió gozando de la confianza estadounidense, a pesar de sus contactos económicos con una multitud de actores, Rusia, China o Irán entre otros.

Un conflicto enquistado ante la injerencia multipolar

La estrategia de las Fuerzas de Apoyo Rápido parece centrarse en dominar toda la región de Darfur y Kordofán meridional. Esto es, el eje al-Fasher-Kadugli, lo cual le permitiría blindar uno de sus puntos de abastecimiento fundamentales, la frontera de Chad. En el momento de escribir estas líneas, se estaban librando cruentos combates en la localidad estratégica de Babnusa (Kordofán), defendida por las tropas gubernamentales, para quien la pérdida de la misma supondría dejar el camino expedito a su rival hacia el-Obeyd. Aquí se encuentra una base aérea de enorme importancia que da acceso, además, a la fértil provincia del Nilo Blanco. Desde el prisma de Jartum, la contienda debería haberse encapsulado en las regiones donde las FAR mantienen su núcleo duro, Darfur y Kordofán, en un contexto de guerra de guerrillas. No obstante, las FAR y las facciones afines han sostenido sus ofensivas durante meses seguidos y, como demuestra el asedio a al-Fasher, conservan una capacidad de maniobra que sólo puede explicarse con el sostén prestado por potencias extranjeras.

Un elemento que ilustra la conversión de la crisis sudanesa en un conflicto con numerosos actores regionales e internacionales disputándose áreas de influencia dentro de un entorno de colapso institucional es la multiplicidad de intereses contrapuestos. La política exterior de Washington "ha dejado hacer" en parte a sus aliados, entre otras razones porque percibe que tal cosa podría contrarrestar la infiltración de sus rivales en la zona. En primer lugar Rusia, que en marzo de 2024 había firmado un acuerdo con Jartum para operar una base militar en el mar Rojo, sin dejar al mismo tiempo de sustentar las operaciones militares de las FAR por medio de los mercenarios de Wagner. En todo caso, Moscú ha terminado renunciando a la base naval debido a la inestabilidad, crónica ya, de Sudán. Arabia Saudí mostró en un inicio una mayor disposición hacia las FAR, movida, se supone, por su hostilidad radical al islam político representado por los Hermanos Musulmanes, cuya ideología consideran imperante en algunos círculos de Jartum. Sin embargo, ha oscilado hacia un entendimiento progresivo con el ejército, bien por su rivalidad regional creciente con Emiratos, bien por su percepción de que un nuevo escenario libio o somalí en Sudán no favorecerá sus proyectos económicos en la región.

Irán ha mostrado su apoyo al ejército, lo que confirma según sus detractores la conexión islamista-militar prevalente en Jartum. Teherán ha aportado drones y tecnología de vigilancia aérea a través de Port Sudán. Para iraníes y rusos la conversión de Sudán en un territorio estragado o dominado por las milicias puede servir de justificación para ulteriores operaciones militares occidentales a gran escala. China tiene, por su parte, una percepción basada en la estabilidad de sus inversiones notables en el sector petrolífero y los puertos del mar Rojo, por lo que le interesa un arreglo negociado. El acceso a las costas sudanesas lleva tiempo en la lista de prioridades de Turquía, a través de la rehabilitación del antiguo emporio otomano de Suakin. La diplomacia turca, al igual que el resto, se proclama neutral, si bien el general Burhán suele encomiar las propuestas de paz del presidente Tayyip Erdogan.

El papel egipcio es sin duda el más delicado. Para El Cairo, la unidad territorial del país constituye una prioridad, tanto para asegurar una gestión efectiva de los recursos del Nilo como para evitar el ascenso de corrientes islamistas radicales, conocidas por su habilidad para prosperar en Estados colapsados o fallidos. Además de la afinidad personal y profesional de los generales egipcios con sus pares sudaneses, el presidente Abdel Fattah al Sisi considera que un gobierno militar tendrá una visión más favorable a las tesis egipcias respecto a las cuotas del Nilo, en un momento en que Etiopía desarrolla su proyecto de la megapresa del "Renacimiento" y mantiene contactos con Hemedti. El Cairo, no obstante, mira con aprensión hacia las supuestas veleidades islamistas de algunos generales sudaneses y tampoco desea enfrentarse abiertamente a Emiratos ni irritar a los saudíes con iniciativas unilaterales. Las FAR han acusado a la aviación egipcia de bombardear sus destacamentos y caravanas de pertrechos militares, amenazando a El Cairo con represalias. Días después de iniciadas las hostilidades hicieron públicas fotos de soldados egipcios capturados junto con militares sudaneses.

En el recuento de la injerencia externa en la crisis sudanesa destaca la de Emiratos Árabes Unidos, en parte por las contradicciones internas de la intervención multi proxy. Los pertrechos de armas, drones incluidos, han llegado a las FAR y sus adláteres a través sobre todo de las fronteras de Chad y, en menor medida, de Somalia, Kenia o Libia. A los emiratíes se les imputa también la afluencia de armas de diversa procedencia (americanas, rusas, chinas y turcas en primer lugar), que han alimentado a los dos bandos y han llegado muchas veces a través de terceros países, así como la presencia de mercenarios, predominantemente colombianos según algunas fuentes. Emiratos, como demuestran los rifirrafes periódicos en el seno de Naciones Unidas  entre el delegado sudanés y el emiratí, mantiene una relación hostil con los militares de Jartum; pero esto no era así en 2019, cuando Abu Dhabi veía en ellos un muro de contención ante los movimientos pro democráticos en el Mundo Árabe. El origen de la divergencia entre Emiratos y Burhán se remonta a cuando éste regía el país junto con Hemedti. Abu Dhabi había conseguido, con Omar el-Bashir, derechos de explotación en la zona de Port Sudán, en línea con otros proyectos similares de potencias del Golfo en Egipto y el Cuerno de África. Según los inversores emiratíes, se trataba también de reforzar el futuro de su seguridad alimentaria a través de la creación de macro granjas en el continente africano. Pero el ejército sudanés se echó para atrás y comenzó a renegociar las condiciones del acuerdo. Hemedti se habría encargado de asegurar a los emiratíes su apoyo en el caso de que tomara las riendas del poder.

Conclusión: un presente oscuro

Así las cosas, el panorama se presenta incierto. La posible irrupción de Trump en el expediente sudanés ha de alterar el curso actual de los acontecimientos, aunque está por ver en qué dirección. El quid en Sudán está en la implicación de países afines a la política exterior estadounidense con intereses y perspectivas divergentes sobre cuál debería ser la solución. Resulta palmario que las FAR y otros grupos opositores han apostado por reforzar su poderío militar en sus bases territoriales (Darfur y Kordofán), para lo cual erigieron en febrero de 2025 un entramado institucional paralelo, el gobierno "Ta´sisi" o Constituyente. Jartum acusó a Abu Dhabi de orquestar la partición del país, en un movimiento similar al experimentado en Libia tras el ascenso de Jalifa Haftar, pro emiratí, en Bengasi. Sin embargo, el hecho de que la firma entre las FAR y las agrupaciones asociadas del pacto para establecer ese gobierno paralelo se llevara a cabo en Nairobi (Kenia) y que otros países africanos, como Etiopía, se hayan abstenido de criticarlo revela que los rebeldes cuentan con más apoyos externos.

El propio Rubio incidió en la condición poliédrica de los recursos de los que se benefician ambas partes al añadir en la declaración ya referida que la ayuda externa procede de varios sitios, desde Irán, a quien citó expresamente acusándola de dar armas al ejército, hasta Emiratos, a los que no mencionó –por su condición de aliado, al contrario que Teherán– pero cuya identidad parecía deducirse del fondo de sus palabras. Una intervención estadounidense que ponga el énfasis en los excesos de las FAR, del ejército o de ambos a la vez, deberá tener en cuenta las prioridades de sus aliados regionales.

Las ideas expresadas en este documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente la postura del CEARC.

Crédito de imagen: EFE / EPA / Mohamed Hossam

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