Como parte de la serie Estudios de Transición Democrática, el Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) ha publicado en árabe Justicia transicional y transición democrática en los países árabes. Tomo II. El caso de Túnez, elaborado por varios autores y con la edición a cargo de Mehdi Mabrouk. El libro consta de 680 páginas e incluye referencias bibliográficas y un índice general.
Se considera que el proceso de justicia transicional es uno de los pilares de las experiencias de transición democrática en el sentido de que en su configuración participan varios actores, como son las élites, la sociedad civil, los medios de comunicación y las víctimas de abusos estatales. Este proceso tiene como objetivo fortalecer los cimientos de la transición democrática a través de numerosos mecanismos que buscan desmontar y desvincularse del régimen autoritario para construir un sistema democrático en el que esas violaciones no puedan repetirse. A pesar de las buenas intenciones de los procesos de justicia transicional, especialmente su papel en la revelación de la verdad, se enfrentan constantemente a la desaprobación y el rechazo, por poco tiempo que sea. Para comprender las particularidades de la experiencia tunecina en este asunto, el (ACRPS) ha dedicado este segundo volumen a analizar el surgimiento de la justicia transicional en Túnez, el papel de los diversos actores que la conforman y sus consecuencias, que aún plantean muchos interrogantes.
A lo largo de sus doce capítulos, este libro examina los códigos jurídicos nacionales e internacionales que han enmarcado y dado forma al enfoque de la justicia transicional. Su objetivo es analizar este enfoque y evaluar la eficacia de las funciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia, así como la importancia otorgada a la sociedad civil, las élites, los medios de comunicación y las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en todo este proceso.
El libro comienza con un estudio de las políticas anticorrupción dentro del marco de la justicia transicional, que tiene la consideración de ser el único camino para limpiar la corrupción de la vida pública y política tunecina. Si bien el experimento democrático brindó la oportunidad de corregir los actos de corrupción previos a la revolución, el libro sostiene que no ha conseguido revisar los fundamentos teóricos de la justicia transicional para pasar de las soluciones revolucionarias a la reforma. Es por esta razón que la lucha contra la corrupción ha vacilado entre los requisitos flexibles de la justicia transicional y las condiciones estrictas de la justicia tradicional, especialmente en lo que respecta a la reconciliación económica. Los empresarios implicados en la corrupción del antiguo régimen, y que ahora se enfrentan a la extorsión política, han comenzado a buscar protección e inmunidad financiando a políticos receptivos a sus intereses.
A continuación, los autores se centran en la sociedad civil y las élites y apuntan que la Comisión de la Verdad y la Dignidad ha recibido el apoyo de agentes, partidos y organizaciones del extranjero de carácter islamista. Con todo, la Comisión de la Verdad y la Dignidad ha sido objeto de críticas por parte de la izquierda política por motivos ideológicos, así como de acusaciones contra la máxima responsable de la Comisión, de ser una "agente sionista" y una "infiltrada extremista" debido a sus vínculos con Ennahda y otros partidos islamistas. En su artículo 148, la Constitución de 2014 estipula "que el Estado se compromete a llevar a cabo el sistema de justicia transicional" por medio de esta Comisión, encargada de investigar las violaciones de los Derechos Humanos, así como el fraude electoral, la corrupción financiera y la malversación de fondos públicos.
El volumen concluye con una evaluación del caso tunecino y una mirada hacia el futuro y analiza la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Dignidad y la entrega de sus expedientes al Archivo Nacional el 9 de mayo de 2019. Aunque el desempeño de la Comisión se vio afectado negativamente por las frecuentes luchas internas, las numerosas amistades con organizaciones internacionales y la ineficiencia legal, todo ello fue acompañado por evaluaciones críticas que superaron con creces las favorables, los autores sostienen que también hay que valorar lo que el organismo ha logrado en aras del fortalecimiento de la democracia y la consagración del sistema de Derechos Humanos, por no hablar de los crecientes llamamientos para reanudar o completar el proyecto de justicia transicional. El ingente volumen de testimonios y otros datos de las víctimas de abusos recopilados por la Comisión es muestra clara de sus logros en términos de transparencia y confrontación con los horrores del pasado, pero la justicia transicional debe trascender la monopolización por parte de cualquier organismo civil o estrato social: pertenece fundamentalmente a toda la sociedad tunecina y a la sociedad universal de todos aquellos que creen en los derechos y la dignidad de la persona.